Amnesia Criminal de la A a la Z (III Parte)|“Es inconcebible que la corrupción pueda ser amnistiada”

De manera inconsulta y violando el reglamento interno de al Asamblea Nacional (AN), la bancada opositora en el parlamento aprobó el pasado 29 de marzo, en segunda discusión, el proyecto modificado de “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional».

El presidente Nicolás Maduro llamó a todo el país a una consulta pública, para que la mayoría de la población conozca y de su opinión sobre esta ley que, como han señalado los juristas citados y consultados en esta serie, atenta contra el Estado Democrático de Derecho y de Justicia Social que hoy tenemos, al mantener una colisión legislativa con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto a principios fundamentales como la ética, la igualdad ante la justicia y las competencias de los poderes públicos.

El texto de este marco jurídico, parece estar redactado a la medida de las necesidades de determinados representantes de la contrarrevolución que han cometido delitos que van desde el llamado a la violencia, hasta el agavillamiento, la corrupción y la estafa, y por tal motivo están en prisión o se encuentran fuera del país en calidad de prófugos de la justicia venezolana.

Uno de los principios elementales contenidos en nuestra Carta Magna, pero también en los Convenios Internacionales suscritos por el Estado venezolano, es el derecho que tienen las personas a la justicia y el velar porque los crímenes y delitos no se repitan.

En este sentido, revisaremos algunos contenidos de los capítulos III, titulado De otros hechos punibles comprendidos por la Amnistía, que va desde el artículo 3 al 18, y de IV, denominado De las infracciones administrativas comprendidas por la Amnistía, conformado por un único artículo 19.

Allí el lector puede reconocer la intención de condonar faltas que tienen que ver con delitos financieros y administrativos, relacionados con actos de corrupción en el ejercicio de la función pública, por ejemplo.

En ese sentido, la doctora Bracho señala: “esta ley no permite que en un futuro los delitos cometidos, no se repitan, por el contrario, lo estimula al dejarlos impunes. Considero que hay conductas sensibles a la amnistía, pero otras no; por ejemplo, es inconcebible que la corrupción sea amnistiada”.

La ley pretende estar por encima del Poder Moral

DELITOS QUE NO PRESCRIBEN

El presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República, Dr. Manuel Enrique Galindo Ballesteros, ha señalado de manera contundente que “en materia de corrupción no opera la prescripción, porque debe ser considerada como un delito que afecta al colectivo en general y cercena los fines del Estado”; por lo tanto, una Ley de Amnistía “no sería aplicable para perdonar, de ninguna manera delitos de corrupción. La amnistía sólo es para aquellos casos que no sean de lesa humanidad, por lo que el instrumento jurídico aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional, no es aplicable para perdonar actos de corrupción y mucho menos de manera retroactiva”.

Al respecto, en el artículo 15, de esta ley puede leerse: “Se concede amnistía de los hechos punibles que se consideren cometidos entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2015, cuando en la persecución penal de dirigentes políticos de la oposición, funcionarios públicos u otras personas supuestamente responsables se hayan verificado de manera concurrente los siguientes supuestos: a.Cuando la investigación o el proceso penal se hubiera iniciado, reabierto o reimpulsado luego de alguna declaración, exhortación o solicitud, efectuada públicamente por alguna alta autoridad de los organismos de rango constitucional con funciones políticas, en la cual se exigiera, pidiera o requiriera el encarcelamiento o condena de un dirigente político determinado de la oposición o de otras personas que hayan mantenido posiciones críticas frente al gobierno nacional, incluso de aquellas ya investigadas o imputadas; b. Cuando los supuestos enriquecimientos ilícitos que hayan dado lugar a la imputación o la acusación con fines de persecución penal, hayan tenido como único sustento el procedimiento de verificación patrimonial efectuado por la Contraloría General de la República”.

También en el 19, Artículo 19, se indica “La amnistía decretada por la presente Ley también se extiende a las infracciones administrativas siguientes: a. Los actos, hechos u omisiones relacionados con la administración financiera del Sector Público, ocurridos entre los años 1999 a 2015, en los cuales no haya habido recepción, apoderamiento o sustracción de bienes o fondos públicos en beneficio particular y que, en sus elementos constitutivos, coincidieren o pudieren coincidir con los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como en las disposiciones legales que contenían los mismos supuestos en la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995; b. Las omisiones, inexactitudes o incumplimientos vinculados a la obligación de presentar, dentro de un determinado plazo, la declaración jurada de patrimonio prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción o en la normativa precedente a este Decreto Ley, ocurridos entre los años 1999 al 2015, siempre que, en el caso de la inobservancia de la obligación de efectuar oportunamente la declaración jurada de patrimonio, esta haya sido presentada aunque luego del vencimiento del plazo legal;c. Queda entendido que en los casos de los actos, hechos u omisiones referidos en los literales anteriores, las sanciones pecuniarias o de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas que se hubieran impuesto con fundamento en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal o en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción, o en la normativa precedente a este Decreto Ley, quedan sin efecto desde el mismo momento de la entrada en vigor de la presente ley.

Claramente se puede observar, que la ley pretende estar por encima del Poder Moral, violentando las competencias de uno de los cinco poderes públicos que están en nuestra Carta Magna y desconociendo las funciones de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.

En el artículo 18, destaca que ayudaría al imputado,procesado o condenado para obtener el beneficio, “el haber sido excluido de la lista o base de datos de personas requeridas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), al considerarse que la persecución penal se refiere a delitos políticos. Además, tendrá especialmente en consideración que la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o los Comités, Comisiones, Relatorías o Grupos de Trabajo del Sistema de Naciones Unidas, hayan declarado la violación de algún derecho del imputado, procesado o condenado durante el desarrollo del proceso penal correspondiente o que el presunto responsable se haya visto forzado a salir del territorio de la República Bolivariana de Venezuela y haya obtenido asilo o refugio. Se tendrá en cuenta igualmente que algún funcionario del sistema de administración de justicia haya reconocido la manipulación fraudulenta del expediente, la investigación o el proceso penal”.

No es necesario ser jurista para constatar, que la normativa está confeccionada como un traje a la medida de aquellos banqueros y grandes tenedores de capitales que en el lapso de 17 años que lleva en marcha la Revolución Bolivariana, han participado en estafas bancarias, inmobiliaras, en fuga y lavado de divisas, evasión de impuestos, y que por tal motivo han debido abandonar el país para no enfrentar a la justicia. Sin embargo, desde sus nuevos lugares de residencia continuaron financiando a la contrarrevolución. Sin duda, la inclusión de este articulado que no estaba previsto en el texto de la primera discusión, es un “gesto de cortesía” para con los financistas de de la oposición que impulsa esta ley en la AN.

El pueblo culminará la jornada de consulta con una gran movilización

HOY GRAN MARCA CONTRA A IMPUNIDAD

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reiteró la convocatoria a una gran marcha hoy jueves desde la Plaza Morelos hasta Miraflores, en Caracas, en contra de la Ley de Amnistía, que concluirá con la entrega de un documento y miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas que rechazan la aprobación de este ordenamiento jurídico y solicitan al presidente Nicolás Maduro, que no la promulgue.

Este llamado ha sido respaldado por todos los partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que conforman el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, así como por el Comité de Víctimas de las Guarimbas y otros grupos activistas de derechos humanos.

T/Modaira Rubio
F/Loayza