Amnesia Criminal de la A a la Z (II Parte)|“La muerte y la violencia no pueden ser instrumentos para hacer política”

El derecho internacional insiste en crear condiciones para que no se repitan los hechos

La mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN) aprobó el pasado 29 de marzo, en segunda discusión, de manera inconsulta y violando el reglamento interno de esa instancia legislativa, el proyecto de “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional».

Antes, se había discutido un documento al que la bancada de la Mesa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le dio visto bueno en primera discusión, que debió modificado tras recibir duras críticas.

Sin embargo, los cambios se tradujeron en confeccionar un ordenamiento jurídico para favorecer a conocidas personalidades de la contrarrevolución que han cometido delitos que van desde el llamado a la violencia, hasta el agavillamiento, la corrupción y la estafa.

El contenido del texto aprobado de manera definitiva, se diferencia del otro por la reducción de un total de 16 artículos, en los que se especificaban hechos violentos como los cometidos durante el sabotaje petrolero, y las denominadas guarimbas e intentos de golpes de Estado desde 2002 a 2015.El documento pasó entonces de 8 a 7 capítulos, y de 45 a 29 artículos.

En la edición de ayer, evaluamos la exposición de motivos y algunos capítulos. Hoy revisaremos el articulado de 1 al 10, para recordarle a nuestros lectores y lectoras que la ley se ubica en un espacio temporal que abarca todos los delitos cometidos por personas opuestas al gobierno bolivariano, desde 1999. Esto le da un carácter eminentemente antichavista.

Esta Ley perdona delitos que van desde el llamado a la violencia hasta la corrupción y la estafa

NO IMPORTA LA GRAVEDAD DEL DELITO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2: Esta Ley decreta la amnistía de hechos realizados en ejercicio de libertad es ciudadanas y con fines políticos, que han dado lugar o pueden dar lugar a investigaciones, imputaciones, acusaciones o condenas por parte de los órganos de persecución penal.También se declara la amnistía respecto de hechos vinculados a investigaciones, imputaciones, acusaciones o condenas penales, o sanciones administrativas, que se han producido en circunstancias que menoscaban la confiabilidad en la administración imparcial de la justicia o permiten concluir que aquellas obedecen a una persecución política”.

En el artículo 8, puede leerse: “A los efectos de los artículos 2, 5, 6 y otros de la presente Ley, se entiende que se persigue una finalidad política o un móvil político cuando las protestas, manifestaciones, o reuniones en lugares públicos o privados; las ideas o informaciones divulgadas;o los acuerdos o pronunciamientos hayan estado dirigidos a reclamar contra alguna medida o norma adoptada por el gobierno nacional u otras autoridades, contra las omisiones en que hayan incurrido en el desempeño de sus funciones, contra la política general desarrollada por el Poder Ejecutivo Nacional u otros órganos del poder público, o cuando hayan expresado un rechazo global al gobierno nacional o hayan exigido un cambio político”.

La jurista y escritora Ana Cristina Braco, colaboradora del Correo del Orinoco, nos indica que estas disposiciones se contraponen al principio de igualdad que deben tener todos los ciudadanos ante la ley. Es decir, una persona puede cometer los delitos mencionados en el artículo 6: “instigación pública; intimidación pública; instigación a delinquir; violencia o resistencia a la autoridad; desobediencia a la autoridad; obstaculización de la vía pública; daños a la propiedad; incendio; fabricación, porte, detentación, suministro u ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios; ultraje a funcionario público; asociación para delinquir; agavillamiento; conspiración; traición a la patria; rebelión civil o militar; instigación a la rebelión civil o militar; insubordinación; faltas al decoro militar; ataque y ultraje al centinela(…)”, pero si declara que lo hizo por expresar un “rechazo global al gobierno nacional” o por exigir un cambio político puede quedar eximido de responsabilidades. Por tanto, si no el individuo que cometió el delito, no se opone al gobierno, sí tiene que asumir su responsabilidad ante la ley.

En el artículo 5, se señala: “ Se concede la amnistía de los delitos o faltas a que alude el artículo siguiente, cometidos o que se considere que han sido cometidos entre el 3 de diciembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, en las circunstancias que se indican a continuación:

a. La organización, convocatoria o apoyo a la realización de manifestaciones o protestas que respondieran a una finalidad política;

b. La participación en estas manifestaciones o protestas;

c. La expresión de ideas u opiniones o la difusión de informaciones de carácter político, de críticas al gobierno nacional u otras autoridades públicas, así como de otras informaciones referidas a hechos o situaciones de interés público;

d. La invitación pública a llevar a cabo acciones de protestas o reclamo contra el orden institucional o el gobierno establecido

e. La preparación y difusión de proclamas, acuerdos políticos para una transición o pronunciamientos o la realización de actos que se estime hayan estado dirigidos a cambiar el orden institucional o el gobierno establecido;

f. La organización o participación en reuniones que se considere hayan estado dirigidas a planificar alguno o varios de los hechos señalados en los literales anteriores”.

¿Y SI LA PROTESTA DEJA VÍCTIMAS?

Si bien en el artículo 3, se expresa que “de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedan exceptuados de la amnistía otorgada por esta Ley los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, entendidos tal como se establece en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (…) También quedan exceptuados de la amnistía los delitos relativos a violaciones graves a los derechos humanos”, el documento no explica que sucede cuándo una convocatoria y un llamado a manifestaciones deja como saldo víctimas mortales.

Y esto es lo que ha ocurrido en Venezuela, no una guerra civil ni un enfrentamiento armado entre dos grupos como ha sucedido lamentablemente en otros países. Sectores de la ultraderecha, opuestos al Gobierno Bolivariano, han propiciado y convocado a manifestaciones violentas donde se han producido muertes.

Al respecto, la doctora Bracho nos indica, que no se puede hablar entonces de una Reconciliación Nacional.

“Con esta ley, se está violando el derecho a la verdad y a la justicia”, afirma Bracho. “La normativa intencional establecida por el Sistema de Naciones Unidas, establece una serie de parámetros para que se de un proceso de Reconciliación Nacional, que generalmente ocurren tras producirse un conflicto armado, una guerra civil, un genocidio”, explicó.

“La Reconciliación es producto de un diálogo, donde las partes afectadas se sientan a exponer sus puntos de vista. Aquí no se ha dado esta situación y esta ley sólo contempla la visión de una de las partes, de quienes cometieron los delitos”, prosigue la abogada.

En Venezuela los hechos que han dado lugar a muertes fueron respaldados por un solo sector

¿RECONCILIACIÓN NACIONAL?

Procesos de Reconciliación y diálogo se han dado por ejemplo en las naciones de África como Burundi,Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, República Centroafricana. Al respecto Bracho nos señala que en estos casos “la ONU también establece el derecho a la amnistía pero antes, se produce un cambio político que involucra a todos los sectores de la sociedad, por ejemplo el paso de una dictadura a una democracia, el fin de una guerra civil. Pero en este caso, con esta ley lo que se busca es el cambio de un gobierno democrático sin que se haya dado un proceso traumático antes”.

En Venezuela, los hechos y circunstancias que han dado lugar a muertes y daños materiales fueron respaldados por un sólo sector. No toda la sociedad ha participado en estos episodios de violencia política, por el contrario, todo el pueblo, independientemente de su tendencia partidista y de su militancia, ha sido víctima de alguna u otra forma, de estas acciones desestabilizadoras al haber sido, por ejemplo, impedido de circular libremente o trasladarse a su sitio de trabajo, o de estudio por manifestaciones no pacíficas.

Bracho nos indica que uno de los principios del derecho internacional, es luchar para que no se repitan los crímenes, los delitos. “Y esta ley no permite que en un futuro esos hechos no vuelvan a cometerse, por el contrario, lo estimula al dejarlos impunes. Considero que hay conductas sensibles a la amnistía, pero otras no; por ejemplo, es inconcebible que la corrupción sea amnistiada”, destacó Bracho.

“Esta ley tiene por tanto colisión jurídica con el derecho internacional que busca evitar que exista impunidad para hechos violentos a objeto de que los crímenes no vuelvan a ocurrir, esta ley deja la puerta abierta no sólo para quede impune sino para que se borre de la historia lo ocurrido dejando a las víctimas sin derecho a la justicia y a la reparación”, indicó.

La jurista recalcó que la discusión que se ha abierto con La Ley de Amnistía “no se trata de una pugna de poderes como quieren hacer ver algunos. Está en juego la noción misma de derecho y de justicia del Estado. No es un problema de contrapeso de poderes sino del debate por las máximas que nos convirtieron en un Estado nación y que están contenidas en la misma declaración universal de los derechos del hombre”.

“El pueblo debe exigir a todos los sectores que la muerte y la violencia no sean mecanismos para hacer política”, concluyó Bracho.

Y es que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, bautizada como Ley de Amnesia Criminal, se perfila como una herramienta para “legalizar” la violencia política.

T/Modaira Rubio
I/Loayza