La ley de amnistía de la derecha está llena de frases y palabras como “al servicio de la paz”, “recomponer el tejido social”, “convivencia”, “diálogo”, “pacificación”, “reconciliación”, entre otras que quedan vacías y muertas cuando en el desarrollo del proyecto se le da carta blanca a un sector político de la sociedad para cometer los atropellos que quiera en nombre de un objetivo político, hasta la promulgación de la mencionada ley.
Son históricas las luchas que se libran en nuestro continente contra el olvido y contra el perdón autootorgado de opresores, la mayoría de ellas lideradas por mujeres. Pensemos en solo algunas de las más emblemáticas como la de las mujeres guatemaltecas contra Efraín Ríos Montt o la de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
No es gratuito que las mujeres nos organicemos en contra del olvido. No es solamente porque somos las víctimas predilectas, tampoco es por el vinculo materno o porque seamos especialmente vengativas. Es porque sabemos que detrás de estas leyes de “amnistía” promovidas por las rancias derechas del continente no hay ni un miligramo de arrepentimiento y por tanto no hay garantía de que los crímenes, atropellos y diversas formas de violaciones de los derechos colectivos e individuales no ocurran de nuevo; ellos siempre han sostenido tener derecho a cualquier método para mantenerse en el poder.
“¡Sin justicia no hay perdón!”, una consigna que recorre el continente. “Recomponer el tejido social”, la “convivencia”, la “reconciliación” no nace de la injusticia, o de un borrón de la historia como pretende la derecha venezolana, todo lo contrario.
Los acuerdos de convivencia de los pueblos son fruto de un conocimiento profundo de la historia y los errores que se cometieron. El haber incluido un artículo dentro de la propuesta de ley (Art.40) que obliga a borrar todo archivo o registro además, de antecedentes de todas las instituciones, no es más que la revelación de su tremenda necesidad del olvido histórico para imponer su agenda de expoliación de los derechos del pueblo.
La idea de que “todo se vale” por un interés superior es muy propio de la ética acomodaticia de las derechas del mundo. Los delitos que se han cometido desde 1999 hasta la fecha no tienen ninguna justificación política dentro del marco democrático que la Revolución ha mantenido a pesar de todas las fuerzas nacionales e internacionales por llevar al país a otra situación.
¿Cuál será la justificación política para que durante las guarimbas se montaran centros de distribución de drogas duras en los “campamento pacíficos” de Altamira y Las Mercedes?, ¿qué acción política puede estar enmarcada en los delitos de estafa inmobiliaria? o ¿qué objetivo político y democrático está detrás del traslado o posesión de explosivos?
Ojalá que nadie se engañe por los cartelitos a lo Andy Wharhol del nuevo popstar de la política, el señor Leopoldo López. Detrás de la figura de nevazúcar que han armado los medios internacional están narcotraficantes, estafadores, paramilitares, comerciantes importadores que detonaron y mantienen las colas, mercenarios de todo tipo.
Y aunque a la actual Asamblea Nacional (AN) parece importarle muy poco la opinión del pueblo, y así lo dejó ver en el preámbulo del proyecto de ley: “…la visión mayoritaria del cuerpo legislativo acerca de la conveniencia o necesidad de la amnistía no debía ser menoscabada por una opinión popular circunstancialmente contraria a ella”.
Las mujeres revolucionarias que si sabemos hacer tejido social con base en acuerdos, que construimos la paz en las calles con hechos no con barricadas no dejaremos que nos impongan el olvido, ni el perdón , ni nos dejen sin justicia. Ahí estaremos en la consulta pública dando la pelea en los espacios que la constitución revolucionaria nos dio.