Por Gabriela Buada B|¡Tortura nunca mas! (Opinión)

Un instinto adquirido durante su formación profesional y personal fue la causa que hizo que viviera momentos de sufrimiento, desesperación y mucho dolor. Una mujer como cualquiera que se dedica a la comunicación tomó su celular para captar el momento en que efectivos policiales ponían orden a una situación de conflicto en la vía pública.

-“Parecía no ser tan violento, pero solo saqué el celular para documentar si ocurría una mala actuación policial”.

No pasaron ni cinco minutos cuando casi de manera simultánea, ella escuchó un grito de uno de los policías “no grabes…Quítale el celular”, mientras que ya estaba tumbada en el suelo intentando quitarse de encima a una mujer policía que la golpeaba constantemente. Era una víctima que por mas de cinco horas sufrió golpes, insultos y hasta asfixia cuando le colocaban una bolsa en la cabeza mientras que en repetidas oportunidades le preguntaban si era una “sapa” y por qué grababa. Todo esto ocurría en la sede de una policía capitalina.

Los golpes con algo que parecía un tubo, casi no la dejaban pensar en lo que sucedía. Ella recordó el momento en el que intentaron meterla dentro de un caucho y volvían a colocar la bolsa en su cabeza para que dejara de respirar hasta confesar por qué decidió grabar. Ella deseaba que todo terminara, no importa lo que decía, aunque contaba la verdad la castigaban una y otra vez.

Todo terminó y ella sobrevivió, solo quiere denunciar para que esto no pase nunca mas, para que nadie sufra lo que ella sufrió y para que la tortura acabe. Su único deseo es ¡tortura nunca mas!

SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE TORTURA

Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, instaurado el 12 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de la ONU, fecha escogida por el Consejo Económico y Social para la erradicación de la tortura y la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987 y de la cual Venezuela es signataria.

En julio del año 2013 se promulgó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Denigrantes, publicada en Gaceta Oficial Nº 40212 el 22 del mismo mes y año, en la que se define como tortura los «actos por los cuales se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o funcionaria pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento».

¿QUÉ DICE LA LEY?

La normativa es clara y expresa que están sujetos:

1) Funcionarias y funcionarios que prestan servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, municipales, los cuerpos de seguridad ciudadana y los cuerpos de seguridad del Estado que en razón o por motivo de su cargo, incurran en la comisión de los delitos establecidos en la presente ley.

2) Funcionarias y funcionarios adscritos al sistema penitenciario y al sistema nacional de salud.

3) Las víctimas de los delitos de tortura, trato cruel, inhumano o degradante y sus familiares.

4) Las personas naturales que sean autores, intelectuales o materiales, cómplices, partícipes o encubridores de estos delitos.

La Red de Apoyo recomienda la implementación del Protocolo de Estambul exhortando a las instituciones que imparten justicia a investigar y capacitar a las y los funcionarios para documentar adecuadamente las posibles denuncias sobre torturas.

También sugiere que estas instituciones presten atención al funcionamiento de programas de rehabilitación, presenten datos y estadísticas concretas sobre la situación de las personas privadas de libertad, el aumento de situaciones de violencia y de denuncias de torturas y malos tratos en manifestaciones y la sanción a las y los responsables para que así las víctimas confíen en sentencias que pondrán fin a estos abominables actos.