Por Alberto Aranguibel B|¿Diálogo con amnistía criminal? (Opinión)

Desde que la Revolución Bolivariana se instauró en el país como resultado de la aspiración mayoritaria de un pueblo que decidió por la vía pacífica y en el contexto más inobjetablemente democrático asumir las riendas de su propio destino, la derecha ha querido recuperar a como dé lugar el terreno que inexorablemente fue perdiendo en el sentimiento nacional por su ineptitud, su indiferencia hacia el clamor popular, su desprecio hacia los intereses nacionales, y fundamentalmente por su crueldad e inmisericordia a la hora de ejercer el poder mediante la más brutal e inhumana persecución política que recuerden los venezolanos en toda su historia.

No fue un asalto chavista el que determinó el derrumbe de la nefasta IV República instaurada por los mismos sectores derechistas que desde entonces hasta hoy han pretendido rehacerse del control económico y político del país. El surgimiento de las fuerzas vivas que se levantaron con el comandante Hugo Chávez contra el putrefacto sistema puntofijista que estaba acabando con lo poco que quedaba de aquella vieja y destartalada Venezuela de finales del siglo XX, no fue expresión de confabulación facciosa de ninguna naturaleza, sino el resultado de la indignación de todo un pueblo enardecido que se negaba a la penuria del hambre a la que sin ninguna compasión era sometido.

La fórmula utilizada desde entonces por esa derecha en su testarudo intento por recuperar el poder ha sido la búsqueda de ingobernabilidad a través de la desobediencia civil, la conspiración y la violencia. Del tozudo empeño opositor en desconocer la voluntad de ese pueblo es de donde surge la división y la discordia entre los venezolanos. No del discurso liberador del Comandante.

El medio para esconder esa recurrente conducta antidemocrática es la acusación ante el mundo de una supuesta indisposición al diálogo por parte del Gobierno revolucionario.

Pero lo que no ha dicho hasta ahora de manera honesta la derecha es a cuál tipo de diálogo se refiere.

La infinidad de llamados a la concordia hechos por el entonces presidente Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro ha sido a través del tiempo más que evidente e innegable para la opinión pública nacional e internacional. Invariablemente todos y cada uno de esos llamados fueron despreciados desde siempre por la oposición. ¿Por qué?

Fundamentalmente porque ella sabe que la inmensa mayoría de los graves problemas que padece hoy el país tienen su origen o razón de ser en ese accionar obstruccionista de la derecha venezolana, que ha tratado por todos los medios a su alcance de hacer imposible el avance del bienestar que promueve el modelo humanista que encarna la Revolución Bolivariana. Contribuir de alguna manera a la reducción de ese obstruccionismo (que se traduce en sabotaje permanente a los servicios públicos, guerra económica concertada con los grandes consorcios privados nacionales e internacionales, confabulación con el imperio estadounidense, guerra mediática, etc.), sería ir contra la esencia misma del plan de reinstauración del modelo neoliberal que pretende la derecha en el país.

Hasta ahora el diálogo útil, enfocado desde esa óptica cuartorrepublicana, era solo aquel que sirviera al propósito de desplazar a la Revolución ya no desde una condición de simple sector opositor, sino desde una privilegiada posición de poder en la cual el curso de la gobernabilidad se dificultara hasta tanto surgieran eventuales y mejores condiciones para el retorno del neoliberalismo.

Su búsqueda, pues, con la cantinela del diálogo fue siempre la de procurar alcanzar o el derribamiento del chavismo o, en su defecto, una suerte de espacio de “cogobierno” en el que el pacto con la derecha fuese un trecho insalvable para la Revolución. El clamor y la negación del diálogo han sido así las dos caras de una misma farsa. La reconciliación que con tanto afán propugna esa derecha no es más que el chantaje de quienes necesitan al país dividido para el logro de sus propósitos.

Hoy la intención es otra mucho más perversa y demencial. Hacer creer que los problemas de Venezuela obedecen a la falta de diálogo tiene ese doble propósito de confundir al mundo e infamar al Gobierno Bolivariano a la vez, así como de legitimar la guerra económica que los grandes consorcios nacionales e internacionales han desatado contra nuestro pueblo. Pero existe otra razón de peso incorporada a la farsa.

Una razón que deja ver el papa Francisco, cuando para referirse a nuestro país esta semana tergiversa las verdaderas circunstancias y causas de las calamidades económicas por las que atraviesan hoy los venezolanos, y que la derecha ha sabido posicionar muy meticulosamente como algo de lo cual sería responsable un gobierno indiferente e insensible que según esa versión estaría negado a la superación de los problemas por su rechazo a conversar con la oposición.

Precisamente la misma semana en que el antichavismo está urgido de apoyo internacional para su emboscada contra el estado de derecho, plasmada en la aberrante ley de amnistía con la que persigue legitimar toda conspiración y crimen contra el Gobierno revolucionario y contra los venezolanos en general, Francisco implora porque “el amor de Jesús se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos”.

Ernesto Samper, secretario general de Unasur, reacciona casi de inmediato vía redes sociales con un mensaje («Ante el inminente choque de trenes q se avecina en Venezuela, tras la aprobación de la Ley de Amnistía (…) Unasur recoge la solicitud del Papa Francisco por la paz y reitera su propuesta de diálogo institucional») que revela la sincronía de una matriz muy bien montada para distorsionar la realidad venezolana, y refuerza la idea de la supuesta necesidad de una ley perversa y acomodaticia como la aprobada por la Asamblea Nacional (AN) la semana pasada.

La ley de amnistía no es sino el traje de graduación en prostitución política en la que se concibe a sí misma la derecha venezolana.

Leída en detalle, no queda más que el sabor amargo de la repulsa que causa tanta desfachatez e inmundicia como la contenida en ese catálogo de exculpaciones prèt-à-porter, que erige arbitrariamente en jueces y en tribunales supremos a diputados que no están facultados por ley alguna para tal función, cuando reitera en todas y cada una de sus partes el desconocimiento del Poder Judicial con base en el descabellado argumento de la inconformidad de la oposición con la justicia que se imparte en Venezuela.

¿Es reconciliación usar el poder que logra la oposición de manera circunstancial en la Asamblea Nacional para violentar el estado de derecho, la Constitución y las leyes, favoreciendo a su más rabioso antojo la impunidad de sus copartidarios procesados por delitos contra la vida de las personas y contra los bienes patrimoniales de la nación? ¿Es válido cohonestar con leyes el asesinato de venezolanos en nombre de la reconciliación y del diálogo?

El desparpajo desborda de tal forma la racionalidad de la derecha en ese legajo, que no hace falta ver el nombre de nadie en particular en su articulado para reconocerlos ni la intención revanchista que los mueve. En cada párrafo se retrata a la perfección la cara de los conspiradores que han promovido el terror para acabar con la democracia en el país. Y en cada párrafo queda completamente claro el propósito de perseguir al chavismo hasta por debajo de las piedras de llegar al poder la derecha.

No puede ser reconciliatorio un instrumento que exonere íntegramente y sin posibilidad alguna de reposición de su causa al delincuente opositor, pero que simultáneamente sentencie y penalice sin fundamentos en la forma arbitraria en que lo propone a todo funcionario público, incluido el Presidente de la República, a los que exceptúa específica y totalmente de los beneficios en él contemplados, en total violación de los derechos humanos esenciales que los asisten. Una ley así concebida no es sino una ley embudo, que radicaliza la división y el odio gestados por la contrarrevolución desde hace más de 16 años y que hoy ella misma legitima con ese obsceno ejercicio legislativo.

Para eso, en definitiva, es el falso llamado al diálogo que plantea la oposición. Para esconder la condición criminal y perversa de una derecha que se regodea cada vez más en su naturaleza indudablemente fascistoide.

@SoyAranguibel