Estando tan cercana una fecha como la del Pacto de Punto Fijo que se celebró el 31 de octubre de 1958, acta de nacimiento de la IV República con su visión de democracia representativa, en la que la élite política, económica y social se atribuía legitimidad y poder de decisión suficiente, en momentos en los que los votantes solían escoger no al mejor sino al que creían menos peor -tal como le sucede a Estados Unidos en este momento-, es menester entender que ese modelo de país no tiene cabida en la Constitución de 1999 que tiene una visión de democracia participativa y protagónica, donde la soberanía reside en el pueblo.
Hoy aquella élite obsoleta pretende volver a aquel modelo y blande de manera falsa la Constitución que pretende derogar o por lo menos reformar para sus intereses, de acuerdo con los programas generales y económico de 2012 y la propuesta de “la Salida”, que emula lo ya planteado por Pedro Carmona Estanga (El Breve) en 2002, cuyo decreto firmaron y aplaudieron muchos de ellos.
Pero nuestra Constitución no establece el juicio político. Y para que la Asamblea Nacional (AN) pueda autorizar un antejuicio de mérito a un alto funcionario público, dicha autorización debe ser precedida por una declaración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sala Plena, de que existen elementos suficientes para realizar dicho antejuicio de mérito, en concordancia con el Artículo 266. Luego, continuando con el procedimiento, una vez autorizado por la AN, regresaría el caso al TSJ.
Ahora bien, esa AN con la élite circunstancial que la dirige en estos momentos, fue declarada en desacato por el TSJ y sus decisiones viciadas de toda nulidad, luego de juramentar por segunda vez a dos personas cuya proclamación como diputados había sido impugnada. De ser legal, tal vez pudiera plantear que hay responsabilidad política de algún funcionario público, aunque de acuerdo con la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Presidente no entra en esta categoría. Además, debe remitirla al Poder Ciudadano, de acuerdo con el Artículo 222 constitucional y no implicaría la separación del funcionario del cargo.
Por ello y aunque no soy abogada, considero que en estos momentos mas que nunca se impone conocer nuestra Constitución, debatirla como se hará en el Congreso de la Patria Jurídico el próximo miércoles 2 de noviembre; imprimirla, repartirla por todos lados como se hizo en el 2004, discutirla, amarla y sobretodo no permitir que la ultrajen los que solo la están usando como propaganda de guerra y engaño para regresarnos a la visión elitista del Pacto de Punto Fijo.