“La comisión presidencial para la ley de desarme y control de municiones tiene como fin la creación de una política de Estado que esté basada realmente en los derechos humanos y sustentada en una idea de rescate al derecho a la vida”, afirma la criminóloga Tibayde Hernández Aguilera, integrante de esta instancia y responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (Mpprij).
Hernández agrega que el Estado venezolano siempre ha tenido una política en la materia de armas, sin embargo, la iniciativa de la ley de desarme y control de municiones produjo, posteriormente, la reflexión sobre una serie de puntos (igualmente consignados ante la Asamblea Nacional).
En 2010, el Mpprij realizó una encuesta de victimización en paralelo a la entrega del proyecto, para conocer desde el punto de vista de la víctima. Dado que hay cifras negras, se utiliza la encuesta de victimización en la que la víctima explica el tipo de agresión sufrida.
“Cuando tenemos los resultados de esa encuesta, el Minisetrio se da cuenta de las altas cifras de víctimas señalan los homicidios. Paralelamente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) también reflejaba casos de homicidios con armas de fuego que eran bastante alarmantes”, explica la funcionaria.
Los resultados de la encuesta provocaron a lo interno del Ministerio una discusión en procura de establecer acciones correctivas más allá de la ley que se había presentado en la AN.
“Se requerían medidas para crear una política de Estado en la materia. En ese sentido, se le propuso al Presidente una comisión presidencial”.
Otra de las conclusiones del debate fue que el tema de las armas no tocaba sólo al Ministerio sino a otros Ministerios y entes que tienen vinculación con la materia.
“La idea de la comisión presidencial es ser suficientemente amplia a todo el país”, dice Hernández.
-¿Por qué la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio está en la comisión presidencial?
-Porque es nuestra atribución en el reglamento del Mpprij: nosotros debemos hacer vigilancia, seguimiento, defensa y promoción de los derechos humanos en los órganos adscritos al Ministerio y aportar ideas a las políticas. Las cifras del Cicpc indican que la gente se está matando en las calles y eso tenemos que abordarlo para garantizar el derecho a la vida.
MEDIDAS ESPECIALES A CORTO PLAZO
Tibayde Hernández participó en los encuentros con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los que se presentó la experiencia de Río Janeiro, donde a partir de un diagnóstico acertado se pudieron derrumbar mitos y aplicar un desarme a partir de datos estadísticos reales.
“El intercambio fue muy positivo porque nos hemos identificado con una realidad muy similar, aunque no con las mismas cifras estadísticas”.
-¿Se han hecho los diagnósticos correctos desde la comisión presidencial?
-Esa es una de las misiones de esta comisión presidencial. Todos los comisionados estamos trabajando en este tipo de propuestas y se van a comenzar los diagnósticos necesarios. Pero paralelamente se van a tomar medidas especiales a corto plazo, dirigidas a cosas puntuales que no requieren la espera de una ley. Por ejemplo, una idea preliminar: establecer las condiciones administrativas y tecnológicas para la realización de la prueba balística, y evaluar cómo se están dando las licencias para un porte de armas: quién las tiene y hacer seguimiento.
Los trabajos evaluativos llevan un camino andado, porque la Dirección de Derechos Humanos tiene un equipo instalado en la medicatura forense, encargado de atender a los familiares de víctimas fatales.
-Cuando comenzamos a evaluar las razones encontramos que son problemas interpersonales: ajustes de cuentas, discusiones por control de espacio, violencia intrafamiliar. Hay muchas situaciones que se dan porque la gente no lograr resolver los conflictos de manera pacífica.
En esta dirección trabajan 144 delegados esparcidos por todo el país velando por los derechos humanos dentro de los servicios del MIJ, en las cárceles (excepto El Dorado), los retenes y en los centros integrales para niños, niñas y adolescentes. También mantienen contacto con los servicios del Saime y el Saren.
Luego de hacer su propio análisis situacional, Tibayde Hernández aproxima una conclusión personal. “Hay una dinámica que hace que colapsen los espacios al dar respuestas a las peticiones del pueblo. La gente pide seguridad, presencia policial y se está dando”, dice, y cita la implementación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise).
El colapso del que habla viene generado por los resultados, precisamente, del Dibise, pues se producen privaciones de libertad y vienen los problemas porque “el resto del sistema (de justicia) no se pone a tono con el trabajo que estamos realizando”.
Cree, al igual que la diputada Yelitze Santaella, que hay un grupo de procesados que debe seguir su proceso en libertad, porque hay características que se deben evaluar, tales como el tipo de delito.
Con todo, pide a la colectividad mantener la confianza en el trabajo que se viene desarrollando. “Con esta comisión el Estado rescata la protección hacia los ciudadanos. La población civil cada día debe estar más desarmada y el Estado debe retomar los espacios de seguridad. Soy de la tesis de que se debe tender al desarme de la población civil, es necesario enfatizar que ese es el norte. Hay que restringir, no podemos seguir haciendo de las armas el negocio armamentístico”, concluye.