Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afirmó que en Venezuela “la actividad agrícola y la producción de alimentos se viene desarrollando en armonía con lo dispuesto en la Carta Magna y en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, y están ajustados a los principios éticos fundamentales que han marcado el derecho agrario moderno”.
Durante la clausura del II Congreso Internacional de Derecho Agrario, destacó que los jueces venezolanos han procurado “no solo garantizar el acceso a la justicia, con la implementación de la competencia especial agraria con jueces especializados, sino que nos hemos esforzado por desarrollar una amplia jurisprudencia de instancia que ha sido respaldada por las decisiones, no solo de la Sala Constitucional del TJS, sino también por la Sala Plena, en un esfuerzo y compromiso con el derecho agrario en un concepto justo y equitativo”.
Agregó que “esta jurisprudencia tiene un enfoque absolutamente social y está inmerso en un contexto histórico y el desarrollo propio de la realidad venezolana, sin desvincularnos de una realidad mundial”.
Morales indicó que el Máximo Tribunal inició los enlaces con los ponentes invitados de Cuba, Costa Rica, España, Argentina e Italia “para ahondar, profundizar y avanzar en Venezuela en el estudio del derecho agrario”.
Morales comentó que durante los dos días que duró el congreso se abordó el derecho a la alimentación, la biotecnología, el uso de transgénicos, la globalización de la agricultura, el dominio de las trasnacionales de la producción de alimentos y la autonomía del derecho agrario.
Hizo referencia a la intervención de Enrique Ulate Chacón, secretario general de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, quien indicó que “el derecho agrario, y particularmente la jurisdicción agraria, se ha enraizado en las constituciones latinoamericanas y eso es parte de un fenómeno progresivo de constitucionalización de los derechos humanos».
Mientras que Ignacio Ballarín Iribarren, comisario de aguas del Ministerio de Agricultura de España, se refirió a la importancia de incorporar las innovaciones tecnológicas y los nuevos avances que ofrece la biotecnología al derecho agrario.
En su exposición mencionó que entre las causas que generan la erosión genética, se encuentran “la sobrepesca, la sobrecaza, la falta de hábitat, el cambio climático y la introducción de especies invasoras que desplazan a las especies de cada país y en ocasiones son exterminadas”.
A su vez, Luis Facciano, profesor de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, propuso que se creara el concepto de agrobioseguridad que se refiere “al conjunto de normas y procedimientos destinados a garantizar el uso seguro de la biotecnología» para el mejoramiento de la producción de alimentos.
Señaló que la biotecnología, la consolidación del nuevo principio de no regresión, así como la aplicación del principio de prevención y precaución “son herramientas jurídicas fundamentales para consolidar la construcción de una agrobioseguridad firme, tanto en su formulación como en su aplicación, que ayude a superar los temores de la evolución de esta tecnología”.
A juicio Alfredo Massart, presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, subrayó que «es necesario cultivar mejor y más”. Refirió que de acuerdo a los pronósticos de Naciones Unidas, en los próximos 40 años la producción agrícola tiene que aumentar entre 50% y 60%.
“Desde mi punto de vista como agrarista se le ha dado demasiado espacio y se ha concedido demasiado terreno agrícola a los cultivos para fines energéticos y a los llamados cultivos para la energía renovables, me refiero a los biocombustibles, y esto le ha restado terreno a la agricultura y ha producido en muchos casos daños irreversibles al paisaje agrario”, dijo.
Mencionó que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, “en algunos países más del 50% del ingreso de una persona, de una familia cualquiera, es dirigido a la alimentación, especialmente en los países africanos».
Massart comentó que en los últimos 20 años no se le ha dado importancia a la escasez de alimentos: “Más allá de ser un hecho grave, es un hecho peligroso e inaceptable porque trae como consecuencia el alza de los precios que se vuelven insoportables para aquellas poblaciones que están en un estado más vulnerable y que no pueden soportar esta situación».
En el II Congreso Internacional de Derecho Agrario participaron un grupo de jueces venezolanos especializados en la materia, quienes expusieron los avances legales en el país.
Johbing Álvarez, juez superior agrario del estado Zulia, destacó el trabajo realizado por la Sala Constitucional en lo que se conoce derecho permanente y que “está dirigido a evitar que un desalojo arbitrario afecte a alguien que esté ocupando las tierras con vocación y con actividad agraria, lo que se traduce en una garantía procesal al no desalojo”.
Mientras que José Vitos, juez superior agrario de Yaracuy, resaltó la actuación del juez contencioso administrativo agrario, “ya que regula los intereses corruptivos, los intereses del productor rural y al mismo tiempo verifica que los órganos de la administración pública realmente estén emitiendo los procedimientos administrativos apegados a los principios de la legalidad”.