La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, recibió este lunes a centenares de personas afectadas por estafas inmobiliarias. El objetivo de la reunión fue explicar cómo van las investigaciones.
Tanta ha sido la cantidad de gente engañada en el país, que el auditorio quedó pequeño.
Entre las personas que se quedaron afuera estaba la representación de las y los afectados por la empresa Venezolana de Bienes en el estado Miranda. Esta inmobiliaria embaucó a sus víctimas con tres parcelamientos: Complejo Habitacional Villas Springfield Dillages, ubicado en los Valles del Tuy (120 familias); Condominio Las Villas, actualmente Urbanización Las Villas Country, en la carretera Charallave-Cúa (200 familias); y Complejo Habitacional Adonay, en Higuerote (100 familias).
En nombre de todas y todos, la vocera Aura Urquiola explicó que la estafa data del año 2000, y que recientemente lograron presentar su reclamo en los tribunales. Explicó que ahora sus problemas son la “lentitud de la justicia” y la “invasión de uno de los parcelamientos por parte de una banda delictiva llamada Los Plateados”.
Recalcó: “No tenemos dinero ni techo, y tampoco justicia. Se burlan de nosotros y de todos”. Explicó que “de la Asamblea Nacional le mandaron un comunicado a los representantes de Venezolana de Bienes y ellos se limpiaron la nariz con el mismo”. Y advirtió: “Si no se pone mano dura y no se le da un castigo a esa gente, esto va a seguir aumentando”.
Urquiola detalló que al colectivo que representa lo estafaron con la venta engañosa de unas viviendas que se iban a construir con el aporte de todas y todos. “Finalmente, no las construyeron todas y no nos devolvieron el dinero. Además, las pocas que se levantaron fueron invadidas”, subrayó.
La vocera precisó que el monto estafado osciló entre los 50 mil y los 90 mil bolívares fuertes, porque todos los meses aumentaban los costos.
José Luis Ferreira, otro de los engañados por esta inmobiliaria, denunció que también han sido engañados por los propietarios de las tierras que se prestaron para la jugada. Dijo que, en el caso de Las Villas, las tierras en litigio están siendo adjudicadas en estos momentos a nuevos compradores.
Al respecto, comentó: “En los tribunales no nos paran. El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) nos pelotea y nos manda para la Fiscalía. En la Fiscalía nos mandan a los tribunales, y en los tribunales para todos lados. Nadie nos hace caso”.
Ferreira indicó que su vivienda debió ser entregada en 2000, el mismo año en el cual hizo la compra con autofinanciamiento. “Yo di 33 mil bolívares fuerte que creo que jamás tendré de nuevo, porque -dicho por la misma fiscal- aunque se agarre a los delincuentes y ellos se declaren culpables, si ellos dicen que no tienen con qué pagarnos, no nos van a dar nada porque el Estado no tiene el deber de devolvernos lo que perdimos. Así que nos quedamos estafados y seguiremos con la cara de idiota”, lamentó.
Relató que vive arrimado en casa de un familiar, después de haber pagado por algo que al final no fue de él.
“Cómo se puede sentir una persona que el día de mañana se ve sin medio en el bolsillo, sin un techo y con un niño pidiéndole comida. Cómo puede sentirse si ve que escasea el trabajo, que sin eso no hay comida, y para más, no tiene techo”. Ferreira invita a hacer esta reflexión para que se pueda conocer la indignación que tiene.
Ayer, todo el mundo quería se escuchado por la prensa. A pesar de que las y los afectados por la empresa Venezolana de Bienes tenían una vocera, después de José Luis Ferreira tomó la palabra Yelitza Rojas para decir:
“Nosotros necesitamos una solución por parte del Estado. En el caso nuestro han pasado ya 10 años y en el momento no se le enajenaron los bienes a las personas que nos estafaron; entonces no sabemos si sus pertenencias fueron sacadas del país o las vendieron. No sabemos cómo nos van a responder”.
Rojas enfatizó que no sólo se trata de detener a los delincuentes, sino de investigar dónde está el dinero que les fue robado. “Las personas estafadas no tenemos dónde vivir. Muchos estamos sin empleo y los pocos ahorros que teníamos están en manos de ellos”, indicó.
Añadió: “Yo vendí una vivienda cómoda que tenía para hacer esta inversión porque quería tener un mejor futuro para mis hijos. Estoy viviendo arrimada con una familiar. Tengo dos hijos y uno de ellos es epiléptico (trastorno caracterizado por convulsiones). No tengo trabajo ni esposo, y me quedé sin dinero. Mis prestaciones, mi caja de ahorro, todo se lo daba a la constructora”.
MÁS DEL MISMO CASO
“Estas personas no tuvieron ningún tipo de escrúpulo para jugar con los sentimientos de todos nosotros. Todo el dinero que tenía mi familia lo invertimos en 2006 en esa futura vivienda que nunca llego. Desde ese entonces, anduve hasta hace poco en la calle con toda mi familia, durmiendo y viviendo por raticos donde las personas se compadecían y nos permitían quedar”, agregó Ivonne Madrid, otra de las afectadas por el mismo caso.
Madrid explicó que una persona le ofreció un espacio en un refugio que se creó en la Torre Viasa, y ahí es donde vive actualmente.
“Quiero aprovechar la oportunidad que tenemos ahora con el Presidente (Chávez); quisiéramos que los distintos organismos traten de organizarnos para que estás personas nos devuelvan nuestro dinero, y con ello, la estabilidad que necesitamos”, exclamó.
Ivonne Madrid detalló que su grupo familiar es de nueve personas.
“Cuando yo hice la negociación, en febrero de 2006, me dijeron que en octubre de ese mismo año me entregaban la casa, cosa que fue mentira. Dijeron que las iban a entregar junto con la inauguración del ferrocarril. En marzo de 2006 yo entregué la casa en la que vivía en un sector popular de San José, la cual vendí por 49 mil bolívares. Esa cantidad exacta, que correspondía a 50% del costo total de la vivienda que estaba comprando, la pague por la casa modelo del conjunto Springfield, la misma que fue vendida cuatro veces”.
FALSOS FUNCIONARIOS
Rosicela Quevedo representa a un colectivo de afectadas y afectados por la Organización Civil de la Vivienda (OCV) Los Soberanos, presidida por Iris Alicia Barranco Soriano. Esa persona, supuestamente, “entregaba a las personas los listados de las viviendas que serían adjudicadas con los respectivos requisitos”.
Barranco se presentaba como funcionaria del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, y exigía requisitos como la apertura de cuentas bancarias y diversas declaraciones. “Lo más importante de todo era una suma de dinero que dependía del urbanismo donde uno iba a comprar. En mi caso, di 15 mil bolívares por pertenecer a un urbanismo en Chacao”, indicó Quevedo.
De Barroso se supo que había sido detenida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.(Cicpc). “Ahí fue cuando confirmamos que todo era una estafa. Ella estuvo detenida un mes y medio, pero la soltaron bajo presentación con fiadores. El caso lo tiene la fiscal 39° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Briccia Alvarado”, indicó Quevedo.
Aproximadamente resultaron estafadas 800 familias. “Hay gente de todos lados. Unas 150 familias tenemos comunicación y hemos hecho una denuncia generalizada en Fiscalía especificando la problemática y de qué manera fuimos afectados”, añadió. Barranco solicitaba montos que oscilaban entre 4 mil y 50 mil bolívares.
“Nunca supimos dónde iban a estar las viviendas. En mi caso, ella nunca me especificó el lugar porque decía que podía ser invadido el edificio. Las entregas siempre se postergaban por una u otra cosa. Uno de los motivos principales era que el Presidente las iba a entregar personalmente, pero su agenda estaba muy copada. Otras razones: a los apartamentos se les estaban reparando filtraciones”, acotó.
MÁS MODALIDADES
Xiomara Rivero es una de las personas estafadas con el urbanismo Terrazas del Ávila, de la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren de Barquisimeto, estado Lara. Rivero explicó que el Sindicato Unitario del Magisterio del estado Lara (Sumalara) creó Asoteliv, una asociación civil supuestamente sin fines de lucro dedicada al fomento de proyectos habitacionales para familias del entorno educacional. La organización estaba dirigida, presuntamente, por Elena Valbuena y Mirlay Vargas.
Rivero dijo que Asoteliv convocaba por radio a las maestras y los maestros para incluirlos en proyectos habitacionales. La Asociación estafó a más de 900 personas al no entregarles la vivienda. Las engañadas y engañados de Lara crearon el Movimiento Cívico Tricolor, que también congrega a personas afectadas por compras programas de vehículos y otros casos particulares.
MÁS CASOS
Alexis Acosta
Margarita
“Fui estafado por la Asociación Civil Villas del Shadday en la calle 3 de mayo de Pampatar. En 2005 llamaron por la prensa a sumarse a esta organización. Para pertenecer, había que cancelar 10 mil bolívares fuertes y 30 bolívares mensuales. Aún no empieza el proyecto y resultamos afectadas un total de 198 personas. Yo actualmente vivo alquilado y pago 1.500 bolívares. Trabajo como taxista. A esta edad (61 años) en que uno quiere dejar asegurada a su familia, más que molesto me siento burlado, y eso es peor. Ya caí, ahora debo luchar para que lo que soñé sea una realidad con el favor de las leyes”.
José Girart
Monagas
“Soy víctima del Conjunto Residencial Valle de Luna en el sector Tipuro del estado Monagas. Este proyecto fue concebido por el presidente de Mi Casa Entidad de ahorro y Préstamo, Armando Simosa, para construir 400 viviendas. No obstante, esta persona construyó 519 viviendas más, por encima de la ley, con un solo pozo de agua, sin planta de tratamiento y sin aceras. Además, hipotecó las áreas verdes. El sitio no tiene factibilidad habitacional ni eléctrica y presenta problemas ambientales”.