Columna de Luisa Ortega Díaz |15 años de cambios (Opinión)

El 2 de febrero de 1999 comenzó en Venezuela un proceso de transformación social, expresado tanto en la llegada a la Presidencia de un humanista como Hugo Chávez, como en un conjunto de eventos que dieron marco al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que hoy rige a los venezolanos.

Para este fin, el presidente Chávez removió la estructura del Estado, logrando la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que legitimó su actuación a través de un referéndum realizado en diciembre de ese mismo año, a partir del cual se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos principios esenciales son los valores morales y éticos de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, fundamentados en la Doctrina de Simón Bolívar, El Libertador.

Esta Carta Magna otorgó preeminencia al Poder Popular y dio origen, entre otras cosas, al Poder Ciudadano, constituido por tres instituciones independientes; entre ellas se encuentra el Ministerio Público, al que se le atribuyó el ejercicio de la acción penal y garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.

Así, en el contexto de estas transformaciones, en 2007 entró en vigencia una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público que, consustanciada con los valores constitucionales, estableció reformas de vanguardia que permitieron a partir del año 2008, cuando asumí como Fiscal General de la República, impulsar una gestión moderna, transformadora y, especialmente, más cerca del pueblo.

Ello hizo posible iniciar el proceso de municipalización de la justicia a partir de la creación de las fiscalías municipales, a través de las cuales se adoptaron estrategias para la prevención del delito y para dar respuesta al pueblo, abordando los casos de faltas y delitos cuyas penas no excedieran tres años de prisión, privilegiando la libertad y el trabajo comunitario como sanción.

Las fiscalías municipales se han constituido en ejes trasversales de esa acción enmarcada en la justicia y la convivencia solidaria que hoy existe en las jurisdicciones donde tienen competencia estas dependencias del Ministerio Público.

En fin, una de las propuestas del presidente Chávez fue acercar la justicia a los más necesitados y que como alternativa a la prisión, frente a la comisión de delitos menores, se impusieran sanciones como prestar servicio a la comunidad.

A lo largo de estos 15 años estas transformaciones sociales se han hecho realidad, siendo el Ministerio Público uno de los pilares fundamentales de dicho proceso.