Por Fernando Travieso|27 de febrero (Opinión)

El 27 de febrero de 1989 se deriva del fin de la Guerra Fría, cuyo recetario se encuentra en el Consenso de Washington, y sus alcances vienen desde la Escuela de Chicago y la visión de una economía al servicio del capital, y la expropiación de los recursos naturales.

Durante la primera mitad del Puntofijismo y producto del margen de juego que la Guerra Fría le permitía a un país periférico semicolonial como la Venezuela de la época, se mantuvo una relativa redistribución del ingreso petrolero.

Con el avance del proceso de expropiación de los recursos naturales, se fue eliminando las subvenciones que producto de la venta de hidrocarburo líquido recibía la población.

La privatización del petróleo requería que los futuros capitales transnacionales al apropiarse del sector más estratégico del planeta pudieran repatriar sus ganancias, por lo que la eliminación del uso de los mismos como factor de desarrollo nacional era parte indispensable de la estrategia.

El mecanismo consistía en un “paquetazo” en que la población comenzaba a pagar el precio de la privatización con la baja de sus ingresos, con el desmontaje de toda política social.

El impacto fue terrible, tanto el material como el psicológico, teniendo la respuesta ya conocida del pueblo que acompaño a Bolívar en su gesta independentista: un alzamiento popular, reprimido a sangre y fuego por el aparato represivo de la IV República con miles de muertos.

Hoy, a diferencia del pasado y gracias a la independencia nacional, son intocables las políticas sociales que permiten una sociedad infinitamente más justa, que soporta la embestida de los mismos sectores transnacionales que intentaron tomar control de nuestros recursos naturales.

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