De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 73% de la población mundial, 5.236 millones de personas carecen de protección social adecuada, mientras que sólo el 27% tiene acceso a sistemas de seguridad social integrales.
En las últimas décadas, los sistemas de protección y seguridad social han encontrado sus mayores deficiencias tras la expansión de la globalización y el pensamiento económico neoliberal; este último directamente relacionado con la sostenibilidad financiera de los mercados, en detrimento de la restricciones de gastos y recorte de recursos que suponen para los Estados la atención de la población.
La “crisis” de la seguridad social se viene agravando a partir del año 2010, cuando los países de altos y medios ingresos aplicaron medidas de ajuste para estabilizar sus economías capitalistas, tras el impulso arrollador de la crac financiero originado por la descomposición del proyecto hegemónico de los Estados Unidos.
El impacto global de la crisis económica mundial acumulada a lo largo del tiempo, obligó a muchos gobiernos en el mundo a contraer los sistemas de seguridad social mediante los ajustes del gasto público presupuestario, con ello se profundizó el desempleo, la reducción del subsidios a los alimentos y a los combustibles, el recorte al sector salud, a la asistencia pública y a los salarios de los trabajadores, además se aumentaron los impuestos, y se dejó de un lado a la protección de población más vulnerable: niños, mujeres, personas con discapacidad y con edad avanzada.
Advierte la OIT en el «Informe mundial sobre la protección social 2014/15: Construir la recuperación económica, el desarrollo inclusivo y la justicia social” que para el año en curso el ajuste del gasto público a nivel mundial se intensificará de manera significativa.
Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), 122 naciones contraerán los gastos sobre el Producto Interno Bruto (PIB), de este número 82 son países en desarrollo.
El reporte presentado en el mes de junio por la OIT revela además, que una quinta parte de los países atraviesa por una contracción fiscal excesiva; definida esta “Como recortes a corto plazo del gasto público”, que inciden directamente en el aumento de la pobreza y la exclusión social por la no aplicación de las políticas de protección social adecuada.
Sandra Polaski, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT, señaló en la presentación del Informe que “ En 2014 la promesa de tener una protección social universal sigue sin cumplirse para la gran mayoría de la población mundial”.
“La necesidad de protección social es aún más apremiante en estos tiempos de incertidumbre económica, bajo crecimiento y crecientes desigualdades. Además es un tema que la comunidad internacional debería incluir de manera prominente en la agenda de desarrollo” agregó Polaski.
Es importante señalar que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la protección social es un derecho exhaustivo y sostenible “Representa las respuestas de la sociedad a los niveles de riesgo o privación considerados inaceptables. Por consiguiente, el funcionamiento de los sistemas de protección social se apoya en un consenso social, sobre los valores fundamentales relacionados con un acceso seguro, a niveles aceptables, a medios que permitan satisfacer necesidades básicas y ejercer derechos fundamentales. Entre éstos figuran el acceso seguro al ingreso, medios de vida, el empleo, servicios de salud y educación, alimentación y vivienda”.