En el año 2013 el exsecretario de Gobierno, Blagdimir Labrador, y un grupo de “diputadas y diputados del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), interpusieron 14 denuncias en contra del exgobernador de la región Pablo Pérez, acusándolo de múltiples hechos de corrupción.
Con base en esas denuncias, entregadas a la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, a Pablo Pérez se le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Para Labrador, la inhabilitación es poca, ahora esperan una condena que según dijo, debe estar entre los 8 y 10 años de cárcel por la presunta sustracción de 16 millones de bolívares del Programa de Alimentación Escolar (PAE), recursos que –presuntamente– fueron utilizados para impulsar la campaña electoral del exgobernador en el años 2012, cuando buscaba su reelección a la gobernación del Zulia.
“Colocamos denuncias bien sustentadas para la debida sanción administrativa, política, penal y moral, ahora esperamos que se dé la sanción penal que se merece por el desfalco al que sometió al estado”, expresó Labrador.
PRIVATIZACIÓN
A Pablo Pérez también se le acusa de privatizar el sector salud, mediante el uso de Honorario Profesionales para pagar al personal: “Pagaban obras y alquilaban equipos violando todo el proceso administrativo”.
Labrado aseguró que durante la gestión del exgobernador se hizo traspaso de partidas sin la debida autorización del CLEZ. “Comprometía recursos sin tener la disponibilidad presupuestaria”.
NO HAY INTOCABLES
Aunque el exgobernador afirmó que se trata de una persecución política, para Labrador se trata de castigar a los corruptos.
“Aquí no hay intocables, no podemos seguir desfalcando el dinero del pueblo y luego decir que somos víctimas. Llevamos las pruebas y fue sancionado como corresponde”, agregó.