Las tecnologías libres, que en Venezuela sustentan a 4 millones de Canaimitas, a buena parte de la plataforma del Estado venezolano y a medios de comunicación como la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, ya están en la mira de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional.
Dinorah Figuera, presidenta de dicha comisión, anunció este miércoles la posibilidad de hacer “reformas justificadas” a la Ley de Infogobierno y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), luego de haber recibido a funcionarios de la Alcaldía de Valencia que así lo solicitaron.
Sus declaraciones se emitieron tras la segunda reunión ordinaria de la comisión. Argumentan “la imposibilidad de adaptarse a los requerimientos de la en cuanto a la obligatoriedad de utilizar software libre” y la necesidad de “buscar un modelo mixto”.
Según una nota de prensa de la Asamblea Nacional, “la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología e Innovación se plantea revisar el impacto de la Ley de Infogobierno, la cual tiene a numerosos organismos públicos trabajando al margen de la ley, por la imposibilidad de adaptarse a los requerimientos de la misma en cuanto a la obligatoriedad de utilizar software libre”.
Señalan que, en la segunda reunión ordinaria de la comisión, presidida por la diputada Dinorah Figuera (Primero Justicia-Aragua), “se escuchó a funcionarios de la Alcaldía de Valencia y académicos del área informática, quienes manifestaron su gran preocupación por la prohibición expresa en la ley de usar software propietario en la administración pública y la gran dificultad que implica adaptarse a esta normativa por las grandes pérdidas económicas que esto representaría”.
Los programas y aplicaciones libres, también conocidos como “software libre”, son aquellos que permiten que cualquier programador o desarrollador pueda analizar su código fuente, con el fin de entender cómo funciona el programa, pero además permite mejorarlo y redistribuirlo.
El código fuente es el equivalente a los planos de la aplicación: son instrucciones hechas por seres humanos, que al ser ejecutadas por el computador, se convierten en el programa deseado. El acceso al código fuente permite estudiar el programa, adaptarlo a las necesidades propias, y se evita que su usuario (en este caso el Estado) sea dependiente de una empresa, pues al tener el código fuente puede colocarse a desarrolladores venezolanos a estudiar y modificar las aplicaciones. Además, se puede auditar para asegurarse de que no se use para espionajes.
Ejemplos de software libre son el sistema Canaima GNU/Linux que usan las canaimitas; los sistemas Ubuntu o Debian; los navegadores Mozilla Firefox o Chrome; el núcleo del sistema Android usado en teléfonos celulares y tabletas; la suite de oficina LibreOffice; el manejador de sitios web WordPress, el reproductor de música VLC, entre muchos otros.
Por su parte, el software privativo es aquel cuyo código fuente no está disponible, o se ofrece de forma muy restringida. Generalmente, el software ofrecido por grandes transnacionales, como Microsoft, Adobe o SAP, no viene con su código fuente, lo que obliga al comprador
Es de notar que, desde que en 2004 el Presidente Hugo Chávez emitió el Decreto Presidencial 3.390, numerosas instituciones y entes públicos han migrado a Software Libre, entre ellas el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la emisora Alba Ciudad, y una de las razones para hacerlo fue, justamente, el enorme ahorro en gastos de licencias que involucra el mantenerse en tecnologías propietarias.
En 2013 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Infogobierno, que entre otros objetivos extendió el alcance del Decreto Presidencial a toda la administración pública, incluyendo alcaldías, gobernaciones y los cinco poderes.
“MODELO MIXTO”
Según la nota de prensa, “los asistentes señalaron que están ante una emergencia pues tienen 80 por ciento de sus sistemas informáticos desarrollados con software (privativo) y es prácticamente imposible cambiarlo en este momento cuando no hay recursos económicos, lo cual los coloca ante la posibilidad de ser inhabilitados por la Contraloría General de la República”.
Los funcionarios “propusieron buscar un modelo mixto, considerando que esta es una buena oportunidad para que en el país se creen pequeños ‘Silicon Valley’ que generen soluciones de software. No obstante advirtieron que estos tampoco pueden ser absolutamente gratuitos como los dispone la Ley de Infogobierno, pues nadie invertiría en su ejecución”. Según expertos consultados, esto indica un mal entendimiento de lo planteado en la Ley de Infogobierno, que en ningún momento plantea que la generación de soluciones en software libre debe ser gratuita.
Por su parte, la diputada Figuera precisó que “se convocarán a los representantes del Ejecutivo para conocer su visiona cerca de esta problemática, destacando que la Asamblea Nacional puede hacer reforma de ley que estén debidamente justificadas y tengan su análisis de impacto económico”.
Señala la nota de prensa que “otro planteamiento abordado en la Comisión fue la necesidad de revisar el destino de los aportes que hace la empresa privada al fondo que creó la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) para las actividades de investigación de las universidades, las cuales han denunciado que no se están asignando, redundando en una disminución impactante de la investigación en el sector”. Los diputados miembros de la comisión consideraron “muy importante” abordar este tema dado que en el día de ayer la plenaria aprobó por unanimidad hacer una solicitud a las universidades del país, para que presenten un plan viable que permita aumentar la producción de medicinas, lo cual requiere recursos que deberían venir de este fondo.
Finalmente la presidenta de la Comisión señaló que solicitaran una reunión con la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología e Innovación con la finalidad de conocer de primera fuente los proyectos que desde el gobierno nacional se adelantan en esta materia, así como todo lo relativo a programas, planes de inversión y desarrollo tecnológico, competencia de esta instancia legislativa.