En los terminales terrestres del estado Portuguesa, en los llanos del país, se refuerzan las acciones de supervisión y control para garantizar la movilización de los usuarios en unidades de transporte en óptimas condiciones mecánicas.
Este dispositivo forma parte del Plan Carnaval Seguro 2016 y se cumple con el chequeo preventivo del transporte público, diariamente y antes de la carga de pasajeros, para verificar el buen estado de cauchos, frenos y luces, el cumplimiento del seguro de responsabilidad civil y del seguro a personas y pasajeros y el llenado de los listines de salida.
«Esto nos permite brindar mayor seguridad a los usuarios, tener un control de las personas que están en la vía y garantizar que ningún pasajero salga de pie», informó este domingo la administradora del terminal de Guanare, en la capital de Portuguesa, Geiliana Hernández.
Precisó que, pese a la afluencia de pasajeros propia del asueto carnestolendo, en la central no se han presentado inconvenientes con la prestación del servicio ni con las operaciones de compra-venta de boletos, cuya supervisión está a cargo de la Defensoría del Pueblo y de la Superintendencia de Precios Justos.
Hernández apuntó que la vigilancia y control no se limita a los andenes, sino que también se extiende a las áreas de expendios de alimentos y a salas de baño para garantizar «el mejor de los servicios a los viajeros».
Recordó que el terminal de Guanare es fundamentalmente una central de retorno y por ello se prevén habilitar unidades de transporte adicionales para atender la demanda a partir del martes 9, día final del asueto.
La funcionaria reportó que hasta este domingo han ingresado al recinto 31.138 pasajeros, la mayoría procedente de Caracas, Barquisimeto, Valencia y Caracas. Algunos se quedan en Guanare y otros continúan hacia otros destinos, entre los que prevalecen Guanarito, Biscucuy y Chabasquén, poblaciones ubicadas en el sur y en la zona alta del estado Portuguesa.
El dispositivo de control en los terminales de la entidad llanera está a cargo de la Policía estadal, la Guardia Nacional Bolivariana, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, la Superintendencia de Precios Justos y la Defensoría del Pueblo, en articulación directa con los administradores de cada central.