Mauro Pérez, vocero del Frente Nacional de Abogados Revolucionarios, advirtió sobre la posibilidad de que el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, caiga en desacato si ignora la orden emitida el miércoles pasado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual obliga a un grupo de alcaldes opositores a proteger a las y los habitantes de sus municipios contra los efectos generados por las manifestaciones realizadas en dichas jurisdicciones.
La observación fue hecha en una concentración realizada por integrantes del Frente de Profesionales y Técnicos Bolivarianos, quienes acudieron ayer a la sede del Ministerio Publico (MP), en Parque Carabobo, para denunciar ante esta instancia al referido alcalde “como el autor intelectual de toda la violencia generada en la ciudad de Caracas”.
Según Pérez, la condición de alcalde de Smolansky lo obliga a cumplir con la orden impuesta por el TSJ, de no hacerlo, explicó, “estaría en las mismas condiciones de la actual Asamblea Nacional” (la cual) se encuentra “al margen de la ley” por lo que sus decisiones son legalmente ilegítimas.
La comisión presente en el MP introdujo un documento en el que, de acuerdo con Pérez, se exponen los resultados de las investigaciones hechas por los denunciantes, pesquisas con las que pretenden demostrar la participación de Smolansky en la planificación y organización de las acciones violentas ejecutadas en su municipio y en el resto del Distrito Capital.
El abogado recordó que la instigación a la violencia está tipificada en el Código Civil, al igual que el homicidio y ataques a funcionarias y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado a los establecimientos del sistema público.
El vocero cuestionó la legitimidad del alcalde de El Hatillo para continuar en el cargo, pues, aseguró que este ha incurrido en presuntos hechos delictivos al apoyar, directa e indirectamente, a los grupos vandálicos que actúan en la capital venezolana.
Pérez exhortó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a actuar de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y en la normativa vigente, con el fin de procesar a Smolansky por su participación para impedir el libre tránsito y la destrucción de bienes públicos.
APOLOGÍA DEL DELITO
A decir de Andrés Giuseppe, coordinador nacional de los profesionales y técnicos del Congreso de la Patria, el documento consignado en el MP contiene 20 elementos probatorios, entre ellos videos y transcripciones de declaraciones hechas por Smolansky en las que promueve la violencia.
Indicó que el paso dado por el movimiento que representa es suficiente para que en el MP se activen los procesos judiciales para comprobar las acusaciones contra el alcalde. Reiteró que el alcalde opositor es un funcionario público cuyo accionar viola los derechos humanos de la población.
Según el vocero, el año pasado el alcalde de El Hatillo afirmó públicamente que Venezuela terminaría como Siria en el caso de que Nicolás Maduro no abandonara la Presidencia. En su opinión, la declaración fue una amenaza que pudiera ser tipificada como apología al delito, ya que en ella se esconde “un llamado a la desestabilización y a la muerte”.
Giuseppe calificó como terrorista las acciones cometidas por grupos violentos opositores, hechos que, según el vocero, a la fecha suman 55 personas fallecidas a escala nacional, 771 personas afectadas y 350 bienes inmuebles dañados, además de incurrir en asedio a cuarteles, destrucción de patrimonio público y la quema de colegios, hospitales e instituciones del Estado.
“Se está cumpliendo lo que él prometió. Esta es una política de desestabilización, de crisis”, juzgó Giuseppe, quien reiteró las acusaciones sobre el alcalde y lo señaló de difundir diariamente un parte de guerra en el que detalla “los destrozos ocasionados en el país”.