El Consejo Moral Republicano rechazó los ataques terroristas perpetrados este martes contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP).
Así lo dio a conocer el presidente de dicho ente, Tarek William Saab, quien llamó a los órganos de seguridad del Estado a mantener la defensa del orden democrático en el país.
“Ante el llamado a golpe militar y ataques armados, el Consejo Moral Republicano ha decidido por mayoría aprobar un pronunciamiento firmado por el ciudadano Contralor y mi persona, con el voto salvado de la Fiscal General de República, Luisa Ortega Díaz”, sostuvo desde la sede de la Defensoría del Pueblo.
A continuación el texto íntegro:
República Bolivariana de Venezuela
Poder Ciudadano
Consejo Moral Republicano
Pronunciamiento ante llamados a golpes militares y ataques armados
El poder ciudadano, como parte del Poder Público nacional cuyo órgano de expresión es el Consejo Moral Republicano tal y como lo establece el artículo 273 constitucional, teniendo como función el promover entre otros valores, la solidaridad, la libertad, la democracia y la responsabilidad social en los términos establecidos en el artículo 274 de nuestra Carta Magna y actuando en concordancia con lo establecido en al artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en la defensa de los principios fundamentales establecidos en titulo 1 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, en especial a los valores supremos y fines del estado contenido en su articulo 1, el cual contiene los principios de soberanía, inmunidad y autodeterminación nacional y su artículo 2 que establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia reconociendo nuestra Carta Magna como norma suprema y fundamento de nuestro ordenamiento jurídico, al cual todas las personas de los órganos del Poder Público están sujetos, y ante los insistentes llamados a la insurrección y golpe de estado se dirige al país.
Considerando
- Que en día reciente se ha realizado numerosos llamados por varias vías a la insurrección y desconocimiento de las autoridades legales y legítimas del estado venezolano llegando al punto que el propio Presidente de la República ha denunciado el develamiento de conspiraciones con el fin de realizar atentados y sabotajes de las instituciones públicas con el objeto de dar un golpe de estado.
- Que en el marco de protesta y manifestaciones se han dado alteraciones del orden público, ataques contra personas, instalaciones públicas y privadas, cuarteles y bases militares así como, abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de, algunos funcionarios policiales y militares.
- Que una aeronave adscrita al CICPC presuntamente hurtada de la Base Aérea Francisco de Miranda, en la ciudad de Caracas, realizó sobrevuelo a los edificos sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, accionando disparos y lanzando granadas que puso en serio peligro la vida de servidores y servidoras públicas así como de traseúntes que se desplazaban en zonas urbanas adyacentes a dichas instalaciones, todo lo cual constituye un acto que pudieramos calificar de terrorista que pretendia la desestabilización socio política del pais asi como atentar contra la paz ciudadana y los derechos humanos.
- Que las ofensas al honor y reputación de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás servidores públicos y servidoras públicas, así como la persecución a sus familiares busca lesionar lo más sagrado del ser humano como es su patrimonio moral siendo esta conducta una expresión de intolerancia y segregación ajena a nuestro gentilicio histórico como pueblo y nación, acuerda en orden y a tenor de lo establecido en el único aparte del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano recomendar:
A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantener la institucionalidad y la defensa del Estado democrático, social, de derecho y justicia con el respeto más absoluto a los derechos humanos extremando las precauciones para preservar la vida e integridad de toda la ciudadanía sin distinción de ningún tipo.
A los cuerpos de seguridad del Estado y seguridad ciudadana a mantener la institucionalidad y defensa del Estado democrático, social, de derecho y de justicia extremando las precauciones en el correcto y legal uso de los equipos que le han sido asignados a fin de preservar la vida e integridad de todos los ciudadanos sin distinción de ningún tipo.
A todos los operadores de justicia a investigar y sancionar de manera oportuna con apego a la constitución y las leyes todos los delitos que se han cometido en los últimos meses en el marco del llamado a golpe militar y desestabilización de las instituciones democráticas evitando la impunidad.
Al Ministerio Público que realice las acciones o recursos a que hubiera lugar contra las personas responsable de insurrección, conspiración alteración del orden público, llamado a golpe militar, instigación a delinquir así como también a violaciones o menoscabo de los derechos humanos.