La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó este jueves la derogación de las protecciones de neutralidad de la red vigentes desde 2015, que prohibieron a los distribuidores estadounidenses de banda ancha interferir con el tráfico web.
Con tres votos a favor y dos en contra, en correspondencia con las líneas partidistas, el organismo de mayoría republicana dio luz verde a la polémica decisión que cuenta con numerosos detractores.
La decisión permitirá eliminar regulaciones aprobadas durante la administración de Barack Obama (2009-2017) para evitar que los proveedores de servicios de Internet bloqueen sitios, ralenticen las velocidades de conexión y cobren por una entrega más rápida de contenido.
Ajit Pai, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump para dirigir la entidad, ha criticado durante mucho tiempo las reglas de neutralidad de la red y el mes pasado presentó su propuesta de derogación como una manera de evitar que el gobierno federal ‘microgestionara Internet’.
También se pronunció por deshacerse de la base legal que refuerza la supervisión federal sobre los proveedores de servicios como Comcast y AT&T, bajo el argumento de que esa medida ha impedido que la industria invierta en redes de banda ancha.
Según manifestó este jueves, la revocación de las normas vigentes «no va a terminar con Internet como lo conocemos, no va a matar a la democracia, no va a frenar la libre expresión en línea».
Pero los demócratas, grupos de consumidores y compañías tecnológicas se movilizaron durante meses para tratar de detener el plan de derogación, al considerar que las reglas son esenciales para evitar que compañías como Comcast y Verizon abusen de sus poderes.
«Como resultado de la acción equivocada de hoy, nuestros proveedores de banda ancha obtendrán un nuevo poder extraordinario de esta agencia», consideró Jessica Rosenworcel, una de las integrantes de la comisión que votó en contra de este paso.
Con la reversión de las normas vigentes ganan precisamente los proveedores de servicio, pues las compañías de telecomunicaciones podrían cobrar tarifas adicionales para transportar ciertas formas de contenido a mayor velocidad a través de su red.
Aunque las firmas de banda ancha dicen que no tienen planes de ofrecer prioridad de pago, la publicación indicó que en los últimos veces han dado señales de lo contrario.
Para que lo aprobado entre en vigor deberá seguirse un cronograma que incluye la aprobación de la Oficina de Administración y Presupuesto, un proceso que puede llevar varios meses, durante los cuales seguirán vigentes las regulaciones de 2015.
Pero la votación de esta jornada no terminará los debates en la materia, porque diversos grupos ya prometieron luchar contra la medida en los tribunales y los demócratas quieren impulsar una legislación que impida su puesta en marcha.