Los ecuatorianos plantan cara a las duras medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. La tensión en el país aumenta y el pulso entre el Gobierno y los manifestantes continúa tras nueve días de protestas. El Ejecutivo intenta frenar las concentraciones del pueblo con violencia y decretando el estado de excepción, pero los ciudadanos responden: «El pueblo unido, jamás será vencido».
Hasta el momento, la cifra de muertos por la brutalidad policial asciende a cinco. Entre ellos se encuentra Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) de Cotopaxi. Este jueves la comunidad indígena se declaró en luto por su asesinato y denuncia que «un policía le disparó en la cabeza». Sin embargo, el Gobierno tiene otra versión: sufrió un golpe en la cabeza tras una caída. Tampoco reconoce la cifra de muertos y mantiene que solo hay dos fallecidos, tachando de «rumores» otros balances. Ante la gravedad de la situación, este viernes Lenín Moreno ha ofrecido por primera vez a los pueblos indígenas diálogo tras mantenerse firme y defender sus medidas desde que se iniciaron las protestas.
Santiago Aguilar Morán, periodista y director de Radio La Calle, cuenta a Público desde Quito que la violencia del cuerpo policial hacia los manifestantes «es desmedida». “Ayer mismo (miércoles) las fuerzas policiales atacaron un refugio en el que la gente, los indígenas, iban a pernoctar. Allí la gente estaba ayudando con víveres y alimentos. Y la Policía fue a atacar con gases lacrimógenos. Había niños y hay heridos, aunque no sabemos cuántos”, relata Aguilar Morán. “Pocas veces se ha visto algo igual”, puntualiza. «Es el Gobierno de la incertidumbre», señala. Según el balance del Defensor del Pueblo hay cerca de 600 heridos, aunque la cifra puede aumentar. También hay mil detenidos.
En este sentido, Adoración Guamán, profesora universitaria de derecho en FLACSO-Ecuador, añade que “nunca jamás había visto una violencia tan cruel y dirigida a hacer daño» por parte de los agentes de la Policía y militares. Asegura que los ecuatorianos miran con asombro las cargas policiales y que, incluso los historiadores, se sorprenden con el nivel de violencia con el que responden las autoridades.
El analista político y consultor internacional, Amauri Chamorro,-asesor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa- denuncia la violencia ejercida y señala a Público que hay detenciones irregulares de manifestantes que «ni siquiera han sido denunciados por la Fiscalía». Chamorro habla claro: «La violación de los derechos humanos existe en Ecuador desde que Lenín Moreno llegó al poder».
Estos 5 videos muestran el uso excesivo de la fuerza por parte de la @PoliciaEcuador para reprimir a manifestantes. Esta evidencia ha sido verificada por nuestro equipo de expertos digitales.
Presidente @Lenin no más represión violenta en #Ecuador. pic.twitter.com/C52D2SYB6R
— AmnistiaOnline (@AmnistiaOnline) 12 de octubre de 2019
El paquetazo
Las movilizaciones rechazan el paquetazo. Así se ha denominado a las medidas de austeridad de Moreno, que se enmarcan dentro un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 4.200 millones de dólares. Entre las medidas más polémicas se encuentra la eliminación de los subsidios a los carburantes -que elevarán los precios de las gasolinas diésel y extra un 123%-. A cambio de la inyección del FMI, el Gobierno asfixia a los ciudadanos atacando a los servicios públicos y al empleo. Entre las reformas laborales, Moreno plantea reducir un 20% el salario de los contratos temporales si se renuevan o rebajar los días de vacaciones de los trabajadores públicos de 30 a 15 días. También establece que un día del salario mensual de los funcionarios , tiene que ser «donado» a las arcas del Estado. «El tema de las vacaciones, los 30 días, se consiguió tras años de lucha», detalla un médico de un hospital público de Quito que prefiere mantenerse en el anonimato. Este doctor asegura que «el Gobierno quiere, de un plumazo, tirar al traste todo” y que con la reforma laboral «se favorece a la clase pudiente». » En vez de avanzar, vamos retrocediendo», señala.
Tras el anuncio del paquetazo, inmediatamente “los estudiantes protagonizaron las primeras movilizaciones y recibieron las primeras cargas policiales”, detalla Guamán. No tardaron en sumarse miles de indígenas, que iban llegando poco a poco desde todos los cantones (las provincias) del país hasta la capital para exigir la derogación de las medidas o la dimisión del presidente. Iban a una concentración pacífica y se llevaron con ellos a los niños, algo habitual en sus protestas. El Gobierno los recibió con golpes y disparos de bombas lacrimógenas. El pueblo indígena enfureció, y desde entonces se manifiesta con rabia.
La situación es insostenible. El Gobierno de Moreno se traslada a Guayaquil el 8 de octubre. El presidente decidió volver un día después a la capital, pero en la práctica la sede del Ejecutivo está en Guayaquil, según apunta el periodista Xavier Letamendi, que se encuentra en esta ciudad clave en el comercio del país. Allí hay miedo, pero se va calmando poco a poco: «Los primeros días había mucho nerviosismo. Hoy en día los buses desaparecen al primer indicio de violencia». La situación es muy distinta en la capital. Con la vista puesta en Quito, este periodista de 33 años asegura con preocupación «que nunca había visto este nivel de represión».
Las universidades se han convertido en refugios y en comedores. Pese a ello, las fuerzas policiales acuden a los centros para lanzar bombas lacrimógenas e intentar dispersar. En un primer momento, la comunidad universitaria se ofreció para ser el puente de diálogo entre manifestantes y el Gobierno. Los indígenas y otros sectores accedieron pero el Ejecutivo descartó esta vía. «Es una guerra de desgaste. Para ver quién tira a toalla primero», avisa Letamendi.