La frase ”Disparen primero y averigüen después” fue una orden presidencial de Rómulo Betancourt que sustentó una doctrina policial vigente por 40 años, dijo el activista por los derechos humanos Aldemaro Barrios, miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, al ser entrevistado y recordar una aseveración del periodista Guillermo García Ponce, quien señala el 17 de noviembre de 1960 como la fecha clave de esa anécdota.
Betancourt venía diciéndolo desde comienzos del año 60, como consta en varios discursos grabados y transcritos que se encuentran en la Fundación Rómulo Betancourt. Aunque no lo afirmó con esas mismas palabras, fue muy claro al dictar el mandato al personal militar y policial en una alocución el 21 de enero de 1960.
”Como consecuencia hay 10 mil 123 casos de desaparición forzada, asesinatos a lideresas y líderes políticos, masacres y torturas, que fueron certificados por la Comisión por la Justicia y la Verdad creada mediante la Ley para Sancionar los Crímenes y Violaciones de los Derechos Humanos durante los Años 58 al 98”, indicó Barrios.
Barrios aseguró que más de 10 mil homicidios y casos de violación de los derechos humanos fueron analizados mediante documentos probatorios provenientes de los Tribunales Militares, el extinto Congreso Nacional, el Servicio de Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas en los años 60 y de la Dirección General de Policía (Digepol), cuerpo de inteligencia policial y política del Estado en los años 60 y 70.
Barrios explicó que aunque la Comisión finiquitará legalmente su lapso de investigación el 27 de febrero de 2017. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 10 de diciembre de 2015 que establece la categoría de “muerto o desaparecido” y la necesidad de continuar las averiguaciones de las denuncias presentadas, sustentadas en libros, periódicos y testimonios, lo que permitirá el procesamiento de muchos casos más.
También dice la sentencia del TSJ que hay denuncias de personas desaparecidas o asesinadas durante el periodo puntofijista que deben ser estudiadas porque con sus muertes queda muy clara la existencia de terrorismo de Estado mediante indicios que al triangularlos entre sí permiten establecer vectores de verdad.
LA ORDEN DE DISPARAR
Betancourt decía textualmente: “Disparen y no al aire” contra cualquier persona o grupos de personas que se encontraran manipulando explosivos caseros, refiriéndose a las llamadas bombas molotov, y agregaba que debían disparar contra revoltosos y amotinados, señaló Barrios.
Lo corroboró en ese entonces el ministro de la Defensa, general Josué López Henríquez, quien el 27 de octubre de 1960 ratificó que por órdenes del Presidente de la República se aplicaría el Reglamento de Servicio de Guarnición, una instrucción para uso castrense estrictamente.
Un mes después, el general López Henríquez, fuente insospechable de vínculos con la izquierda, reiteró que el Mandatario había autorizado aplicar en todo caso de orden público esta medida y en consecuencia los efectivos estaban facultados para disparar.
¿POR QUÉ ES DOCTRINA?
Barrios, quien también es un destacado periodista, indicó que antes del año 57 Betancourt estaba haciendo lobby político en una gira por diversas ciudades importantes de Estados Unidos, contactando personas, visitando Washington y sus agencias.
Así lo evidencia una fuente documental titulada Serafino Rumualdi Papers o Los papeles de Serafino Rumualdi que se haya depositada en la Universidad de Cornell, Nueva York, y también puede encontrarse en internet.
En ese libro corren las pruebas de una relación epistolar entre Betancourt y Rumualdi, quien era un líder de la American Ferderation Laboral (Federación Americana de Trabajadores) y al mismo tiempo era un agente contratado por el Departamento de Estado para establecer vínculos con líderes de América Latina, especialmente del sector petrolero.
Precisó que el jefe de Rumualdi era Nelson Rockefeller, quien después del año 45 formaba parte de la institución de espionaje norteamericana a efectos de compilación de información sobre los actos políticos que tenían lugar en el mundo, y se ocupó de América Latina porque tenía intereses en el sector petrolero ya que su padre era el dueño de la Standard Oil.
Rumualdi, que era asistente personal de Nelson Rockefeller, recibió la tarea de establecer vínculos con los venezolanos, entre otros Rómulo Betancourt, pues les interesaba que hubiera una relación de amistad, de buen vecino con el próximo Gobierno de Venezuela, aseveró Barrios.
“Enseguida Rómulo buscó a Rafael Caldera y a Jóvito Villalba y armó un pacto entre cúpulas que se concretó en 1958, en el Pacto de Nueva York, cuyo propósito era, en primer lugar, excluir a los comunistas, aplicando para tal fin la Doctrina de Defensa de los Estados Unidos”, resaltó.
“El motivo era que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) tenía fuerte influencia en el sector petrolero entre los obreros y sindicatos y entre los empleados públicos, mediante un sector de izquierda de Acción Democrática que luego derivó en el MIR”, dijo Barrios.
LOS HECHOS LO CONFIRMAN
De este modo Barrios llegó a la conclusión de que es Rómulo quien impone en Venezuela la Doctrina de Seguridad y Defensa de los Estados Unidos. “A partir del año 61 la formación de militares y de altos funcionarios policiales, entre otros, Carlos Andrés Pérez (CAP), quien recibió cursos de entrenamiento en la Escuela de las Américas durante el año 60 y 61 y al terminar esos cursos asume como ministro de Relaciones Interiores”, explicó.
“Durante todo el periodo puntofijista CAP tuvo muchas influencias en el sector militar y policial; era parte determinante a la hora de la designación de los altos oficiales del Estado Mayor, el ministro de la Defensa y principales cargos de control de tropas, y era consultado indistintamente aunque el gobierno fuera de AD o Copei”, prosiguió.
DIFERENCIA CON LA SITUACIÓN ACTUAL
En Venezuela hoy en día, en contraste con esos 40 años de violencia institucional, la vida transcurre en un esquema político-social diferente porque vivimos en un Estado de derecho y de justicia, en el que la protesta pacífica está institucionalizada, mediante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se ejerce plenamente, declaró Aldemaro Barrios.
El Estado, bajo el Gobierno Bolivariano, se desmarcó de la doctrina que establecen las agencias norteamericanas de seguridad, especialmente las referidas a los manuales de contrainsurgencia.
Sin embargo, es la derecha, la oposición y la contrarrevolución venezolana, la que ahora incurre en prácticas como el asesinato selectivo, que han aplicado a más de 300 dirigentes campesinos y laborales, y la violencia caotizante de las guarimbas, que ha causado 43 muertos y 800 heridos.
Barrios se preguntó a sí mismo, en su condición de miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, si se puede eximir de responsabilidad a personas que han cometido estos crímenes políticos claramente enmarcados en los parámetros internacionales de violación de derechos humanos.
“Algo que nos obliga a tomar acciones judiciales contundentes sobre quienes son responsables de acciones violentas en el país, es la Resolución 6098 de Naciones Unidas, de diciembre de 2015, que es la última emitida en relación a la lucha para contener el terrorismo y la violencia extrema, ratificada por Venezuela en julio de este año 2016 y por la mayoría de los países miembros en el mundo”, fue su respuesta.
“Habiendo pruebas inequívocas que los comprometen en esas acciones criminales, detenidos y enjuiciados, en absoluto respeto del debido proceso de acuerdo a la Constitución y las leyes, tienen que pagar ante la justicia los crímenes de los que son autores estas personas que se hacen llamar equivocadamente presos políticos”, resaltó.
“Los autores de estos crímenes tienen que responderle a la justicia a las familias, a las víctimas, por ejemplo, a los familiares de los asesinados en las guarimbas, porque hay hermanas, esposas, madres que sufren hoy por efecto de una enloquecida e irracional conducta criminal, avalados por factores políticos que hoy en día se llaman defensores de los derechos humanos”, indicó, tal y como hizo el Estado venezolano en Revolución al asumir la responsabilidad de investigar los crímenes cometidos contra el pueblo durante la Cuarta República.