Sin haber asumido formalmente sus cargos en la Asamblea Nacional, los sectores de derecha que fueron favorecidos con el voto el 6 de diciembre, han desenfundado una serie de iniciativas legislativas que pretenden imponer a partir del 5 de enero, en base a su mayoría calificada en dicho órgano legislativo. Iniciativas que tocan temas sensibles a la población y que ponen en riesgo las conquistas sociales, económicas y políticas logradas en todos estos años de Revolución.
En ese marco de reacción legislativa, destaca una propuesta que por su grave dimensión no puede pasar bajo la mesa: la ley de amnistía general. Según documento que ha circulado en estos días, elaborado presuntamente por una conocida ONG que sirve de mascarada a estos sectores reaccionarios, y avalada por un grupo de inefables juristas integrantes de la godarria venezolana, la idea es avanzar con una especie de “decreto legislativo”, es decir, una decisión emanada de la Asamblea Nacional que decrete una amnistía sin pasar por el ejecútese del Presidente de la República y a espaldas del control constitucional que debería aplicar el Tribunal Supremo de Justicia.
Esta aventura legislativa, de corte netamente golpista, en caso de concretarse buscaría exonerar de toda responsabilidad ante la justicia a los involucrados en el golpe del 2002, el paro sabotaje petrolero del 2003 (especialmente los ex gerentes de PDVSA) y los responsables de hechos de violencia política criminal ocurridos desde el año 2003 en adelante (especialmente las guarimbas).
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 29, expresamente prohíbe adoptar medidas de cualquier naturaleza que puedan favorecer la impunidad, el cercenamiento de los derechos a la justicia y la reparación que tienen las víctimas. Dicha prohibición alcanza las amnistías cuando se trata de casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Sin lugar a dudas, esta avanzada de la MUD a favor de la impunidad y el olvido, alcahueta y cómplice de sus dirigentes y esbirros, constituiría un escupitajo a la memoria de las víctimas, al dolor de sus familiares y al derecho a la justicia; poniendo en absoluta tela de juicio la credibilidad institucional de ese órgano legislativo.
Tocará pues activar todos los dispositivos constitucionales y de resistencia popular pacífica, para neutralizar esta puñalada contra los derechos humanos que diseñan los mentores más oscuros de la MUD.