La conducta de la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, ante el escenario de violencia promovido por grupos de la oposición venezolana, ha generado en el país un escenario de alta impunidad y de terrorismo, indicó este martes el doctor en derecho constitucional Jesús Silva.
«Hasta la presente fecha, la conducta de la señora Ortega Díaz como fiscal revela un resultado de impunidad. Hay decenas de terroristas en las calles, cometiendo graves delitos y de esta situación terrible es correponsable. Es un abandono de cargo, una dejadez de sus funciones constitucionales», expresó Silva.
En transmisión de VTV, Silva señaló que la fiscal es instrumento utilizado por una cúpula de la extrema derecha del país, como parte de un guión para romper con el orden institucional de Venezuela.
En ese sentido, precisó que la Asamblea Nacional Constituyente será el escenario para que las instituciones públicas puedan ser depuradas y agregó que la Fiscal podría ser separada de su cargo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara con lugar el ante juicio de mérito en su contra.
«Una de las tareas de la Asamblea Nacional Constituyente es la de reformar el Estado y puede allí hacer la renovación de las instituciones, esa potestad la tiene la Asamblea Nacional Constituyente porque es un supremo órgano que está por encima de los cinco Poderes Públicos», manifestó.
Atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano (CMR), lesionar la ética pública y actuar con inexcusable ignorancia de la Constitución son algunos de los motivos presentados por el diputado del Bloque de la Patria, Pedro Carreño, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar antejuicio de mérito contra Ortega Díaz.
Durante la audiencia de este martes, el defensor del Pueblo, Tarek William Sabb, solicitó que se realicen pruebas grafotécnicas a los documentos que presentó y en los que se encuentra la firma de la fiscal, que prueban cómo avaló la designación de los magistrados del TSJ en 2015, proceso que ahora ella desconoce.
Allí también participó el defensor público Javier Hernández —representante Ortega Díaz, que no acudió a la audiencia—, quien solicitó el sobreseimiento de la causa.