El abogado constitucionalista Jesús Silva explicó que tras levantarse la inmunidad parlamentaria al diputado de derecha Richard Mardo, el caso pasa a manos del Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Ahora la Asamblea Nacional deberá entregar esta autorización de conformidad a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el señor Mardo deberá ser puesto a las órdenes de las autoridades para su enjuiciamientos por los delitos que se le atribuyen», precisó Silva en declaraciones ofrecidas este martes a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
El abogado recordó que hasta la fecha se ha desarrollado una investigación de parte del Ministerio Público con respecto a los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito.
Puntualizó que eso ha generado que se plantee un antejuicio de mérito, lo cual ocurrió ante el TSJ, por lo que se procedió a acudir al Parlamento para la debida autorización y que Mardo pueda enfrentar un juicio donde se debe determinar si ha cometido o no esos delitos de corrupción.
«Lo que vimos hoy en la AN fue la correcta aplicación de la Constitución. Hubo de parte del bloque opositor y los partidos antichavistas una interpretación equivocada del texto constitucional, porque han pretendido invocar el artículo 187, numeral 20, que habla de dos tercios de la Asamblea para la separación de un diputado», agregó.
«Pero, desde la óptica constitucional, -continuó- el antejuicio de mérito es un procedimiento autónomo que está contemplado en el artículo 200, y lo que expresa el 187, numeral 20, no se corresponde con antejuicio de mérito sino con una sanción de los propios parlamentarios dentro de la Asamblea, donde no intervienen ni la Fiscalía General de la República ni el TSJ. Esa postura leguleya de abogados opositores y algunos académicos no muy imparciales en el plano político, ha sido derrotada. En consecuencia, la mayoría de la AN ha tomado una decisión que es completamente constitucional».
El abogado subrayó que Mardo en ningún momento ha sido víctima de violaciones procesales, pues cuando se planteó por primera vez este caso en la AN, tuvo el derecho de palabra para defenderse.
«Luego, en la investigación del Ministerio Público se defendió, tanto así que interpuso contra el MP un recurso de amparo. Después compareció ante el propio TSJ y en esa audiencia oral y pública ejerció su derecho a la defensa asistido por sus abogados. Tenemos entonces un largo precedente donde el señor Mardo se ha defendido», agregó.