El sector de las Abogadas y Abogados revolucionarios, en el marco del Congreso Bolivariano de los Pueblos, rechazó la nueva arremetida y grotesca sanción por parte del Gobierno de Estados Unidos (EEUU), contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel José Moreno Pérez y que dirigen la amenaza a toda la institucionalidad democrática de Venezuela.
“Repudiamos tal acción y manifestamos nuestro respeto y acompañamiento irrestricto a las instituciones venezolanas y en este caso al TSJ, al representar esta la máxima instancia del sistema judicial de la República Bolivariana de Venezuela, que actúa en combinación armónica con los otros poderes que integran el Poder Público Nacional”, indica parte del texto.
A continuación, el documento íntegro:
El sector de las Abogadas y Abogados revolucionarios en el marco del Congreso Bolivariano de los Pueblos, se pronuncia ante la nueva arremetida sancionatoria, mediática e injerencista según la cual el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este martes a través de un comunicado una recompensa de hasta US$ 5 millones, a cambio de información que lleve a la captura del “Presidente del Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, Maikel José Moreno Pérez”.
Es por ello que, repudiamos tal acción y manifestamos nuestro respeto y acompañamiento irrestricto a las instituciones venezolanas y en este caso al Tribunal Supremo de Justicia, al representar esta la máxima instancia del sistema judicial de la República Bolivariana de Venezuela, que actúa en combinación armónica con los otros poderes que integran el Poder Público Nacional, tal y como lo establece el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normativa constitucional que recoge la aplicación de valores supremos insoslayables e inequívocos, de libertad, soberanía, independencia, democracia, Derecho y justicia social, así como la preeminencia de los derechos humanos, en la que el pueblo venezolano es el principal protagonista.
Ahora bien, es la República Bolivariana de Venezuela con su Constitución y su entramado de normas, la que ha señalado que, la digna potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República, por autoridad de las leyes, con lo que hace un llamado a respetar lo irrevocable de sus valores en la libertad, justicia y paz internacional, por lo que, inspirado en estos altos estándares, tal acción, no se vislumbra en el respeto de nuestro orden interno, al contrario, evidencia una justicia de intromisión extranjera, bajo apetencias personales, desconociendo al Estado Venezolano y el respeto absoluto del estado de derecho.
Por esta razón, sabiendo que tenemos un sistema humanista de amplia protección y respeto, sometido al alcance de una tutela judicial efectiva; se observa claramente, que esta nueva medida sancionatoria, contra de uno de nuestros miembros del sistema de operarios judiciales en el País, demuestra una retaliación de la oposición fatigada de fracasos, ante el revés de haber sido justamente impuesta de orden de captura por el Ministerio Público a ciertos actores políticos complacientes del poder hegemónico de los Estados Unidos, que han hipotecado y comprometido los intereses de la Nación, que no son más que los intereses de las venezolanas y los venezolanos, apoyados por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, ante una cuestionable conducta propia de un perverso manipulador, al ofrecer recompensa para un funcionario en Venezuela al mismo momento que critica, en esta Pandemia, a la OMS de haberse dejado “comprar” por China, según afirman varios medios británicos https://www.elcomercio.com/actualidad/mike-pompeo-oms-china-covid19.html y de instigar a odios infundados sobre la endeble concepción de acusación sobre una ‘significativa corrupción’ toda vez que, como toda la declaración, se trata de un tema vago e impreciso de intromisión interna, lo que hace que su propia existencia sea un fiasco en el mundo político y legal.
En consecuencia, los Profesionales del Derecho apuntalados en el sistema de Justicia propio de un país libertario, rechaza rotundamente cualquier intrusión proveniente del gobierno de los Estados Unidos, en los asuntos internos de Venezuela, exigiendo el cese de la agresión persistente en contra de la soberanía y orden interno del Estado venezolano, contrario al principio del Derecho Internacional de no intervencionismo e irreverencia del principio del juez natural.
Abogadas y abogados, hijos e hijas de Bolívar y Chávez, hijos e hijas de la Patria grande y heroica, la cual defenderemos con nuestra Constitución, nuestras leyes y hasta con la vida, de ser posible.
En caracas, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2020. En Victoria siempre, Viviremos y Venceremos.
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