La querella de Abuelas de Plaza de Mayo alegó ayer en el segundo tramo del juicio por la privación ilegal de la libertad de once mujeres embarazadas y la apropiación de sus bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante la última dictadura.
“Se montó un verdadero centro clandestino destinado a la sustracción de hijos de embarazadas detenidas desde mediados del 77”, destacaron los abogados de Abuelas. El alegato continuará tras la feria judicial, el 6 de agosto, con los pedidos de penas para los únicos dos imputados: el ex general Santiago Omar Riveros, ex dueño de vidas y muertes en Campo de Mayo, y el médico militar Raúl Eugenio Martín, absuelto en un proceso anterior y juzgado ahora por un número mayor de víctimas.
Emblema del terrorismo de Estado, por Campo de Mayo pasaron miles de víctimas, incluidos niños secuestrados junto con sus padres y otros nacidos durante el cautiverio de sus madres. El primer juicio por robo de bebés en su hospital concluyó en diciembre de 2014 con condenas a Riveros, al dictador Reinaldo Bignone, al médico militar Norberto Bianco y a la partera Yolanda Arroche de Sala García, en tanto fue absuelto Martín.
El segundo juicio debió haber comenzado en 2016 pero sufrió varias postergaciones y arrancó finalmente el 2 de octubre pasado. Producto de años de dilaciones judiciales, varios médicos militares con responsabilidad en el hospital murieron impunes o lograron ser excluidos de los juicios por problemas de salud. Los imputados que llegaron al segundo juicio son Riveros, ícono del terrorismo de Estado, que era comandante de Institutos Militares y tenía a su cargo la represión ilegal en la denominada “zona de defensa IV”, y el médico militar Martín.
“Las embarazadas desaparecidas eran trasladadas a dar a luz al Hospital Militar de Campo de Mayo desde distintos centros clandestinos de detención”, explicó ayer la querella a cargo de Pablo Lachener y Alan Iud. “Se montó un verdadero centro clandestino destinado a la sustracción de los hijos de embarazadas detenidas desde mediados del 77”, precisaron, y destacaron que “el nivel de organización da cuenta de la enorme cantidad de mujeres embarazadas en situación de desaparición forzada que fueron llevadas a parir al Hospital de Campo de Mayo”. Los abogados remarcaron además “el carácter orgánico de disponer un sector del hospital para las parturientas y la orden de no registrar los datos de los nacimientos”.
En el proceso, que a un ritmo de una audiencia semanal insumió ya nueve meses, se investigan las apropiaciones de bebés y los secuestros de Beatriz Recchia de García y su hija Bárbara García Recchia, de Marcela Esther Molfino de Amarilla y su hijo Guillermo Amarilla Molfino, restituido en 2009 y que ayer acompañó el alegato de Abuelas; de María Teresa Trotta y su hija Milagros Castelli Trotta, de Rosa Luján Taranto de Altamiranda y su hija María Belén Altamiranda Taranto, y de Ana María Lanzillotto y su hijo Maximiliano Menna Lanzillotto. También los casos de Celina Amalia Galeano y su hija, de Paula Elena Ogando y su hija, y de María Cristina Cournour de Grandi, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri y Valeria Beláustegui Herrera y sus respectivos/as hijos/as, que todavía no conocen su identidad y a quienes buscan las Abuelas.