Los tribunales móviles de la Dirección de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se activan esta semana en 6 municipios del estado Mérida, para la ejecución de igual número de jornadas en las que se fomentará la justicia y las instituciones que la administran, como mecanismos para la resolución de conflictos.
En la jornada inicial de esta semana, realizada en el sector Santa Juana, parroquia Domingo Peña, municipio Libertador (Mérida), la directora administrativa del TSJ en la entidad, María Carolina Rivero, explicó que estos despliegues para la atención directa y personalizada de las comunidades impulsan mecanismos justos y pacíficos para la resolución de conflictos.
«Esta es una jornada amplia, en la que se le brinda asesoría legal al pueblo para fomentar la justicia social puerta por puerta y casa por casa. La idea es acercarnos al pueblo», resaltó Rivero en referencia a las jornadas denominadas Ruta para la Justicia.
Destacó que estas actividades que se realizan en coordinación con la Escuela de la Magistratura del TSJ llevan a las comunidades la administración de justicia de una manera expedita y gratuita.
La redacción de documentos en materia laboral, agraria, de inquilinato y penal y la revisión de casos con retardo procesal son algunas de las áreas de atención.
Rivero detalló el cronograma de despliegue que los tribunales móviles realizarán desde este lunes hasta el sábado 28.
Indicó que el Tribunal Móvil estará este martes en Tabay, municipio Santos Marquina, para continuar su itinerario el miércoles en Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero, y el jueves en Pueblo Llano, del ayuntamiento homónimo.
Corresponderá viernes y sábado a los municipios Miranda y Rangel, respectivamente, también pertenecientes al eje geográfico páramos de Mérida.
Destacó que la primera jornada de tribunales móviles, realizada hace seis meses en la entidad, atendió a 2.500 personas.
Jesús Pérez Barreto, analista profesional III de la Dirección de la Magistratura en Mérida, resaltó como principal beneficio de estas jornadas en las comunidades, el ejercicio de la democracia directa, participativa y protagónica.
«Anteriormente la gente sólo podía realizar estos tramites en la sede formal de los tribunales. Ahora el derecho a la justicia es un derecho comunal, los jueces tienen la obligación de asistir a las comunidades y a mantener una preparación académica y social», resaltó.
Indicó que la actividad tiene un doble propósito, el primero llevar atención legal a las comunidades y el segundo, propiciar y reforzar la sensibilidad social de los jueces como administradores de justicia, como parte del despliegue del Gobierno de Calle Judicial y el Movimiento por la Paz y la Vida, que se adelantan en todas las entidades del país.