Activistas en Honduras han sido objeto de una oleada de vigilancia, intimidación y violencia desde que las fuerzas de seguridad del país tomaron medidas ante una avalancha de disturbios desatados por las polémicas elecciones presidenciales del mes pasado.
Abogados del Movimiento Amplio (MA) –un colectivo que representa a las comunidades que se oponen a los embalses y a las minas en el norte del país– han recibido amenazas de muerte, mientras que el fundador del grupo ha sido perseguido y atacado por hombres armados.
Martín Fernández, de 42 años –que está encabezando una batalla legal contra una presa hidroeléctrica–, se ha visto forzado a abandonar su hogar y es acompañado 24 horas al día por voluntarios del grupo estadounidense Witness for Peace («Testigo por la Paz»).
Fernández y otros activistas han acusado a la policía y al ejército de Honduras –así como a civiles armados– de intimidar a los manifestantes que están llevando a cabo protestas de manera regular por el supuesto fraude en la reelección del presidente Juan Orlando Hernández.
Miles de efectivos de las fuerzas de seguridad, incluida la policía militar y los oficiales antidisturbios de élite, Cobra, han sido desplegados desde las elecciones a finales de noviembre.
Desde la votación, al menos 35 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad. 15 de las muertes tuvieron lugar en los departamentos del norte de Atlántida y Cortez.
ACTIVISTAS COMO OBJETIVO
Los activistas más conocidos parecen ser los objetivos. En algunas comunidades, la asociación pro-derechos humanos Cofadeh ha recibido testimonios de la entrada de las fuerzas de seguridad con listas de gente para su detención.
En diciembre, Fernández y su hermano Víctor se encontraron con el jefe del cuarto batallón de infantería y con el jefe de la inteligencia en la base militar del departamento de Atlántida.
«Ambos mandos militares dijeron que desde el primer día se habían infiltrado en las manifestaciones e identificado a los cabecillas», dice Fernández a the Guardian.
Poco después de la reunión, fuentes policiales y militares advirtieron a Fernández de que se había señalado a los líderes de las protestas en la provincia del norte de Atlántida para que fueran asesinados.
Los dos hermanos denunciaron la supuesta trama al agregado de derechos humanos de la embajada de Estados Unidos en la capital, Tegucigalpa.
«Estamos acostumbrados a las amenazas pero esta vez estamos preocupados de verdad. Está claro que hay una operación bien coordinada y bien provista de recursos para acosar, reprimir y eliminar a los líderes sociales que se oponen al modelo económico existente. Acudimos a los norteamericanos porque tenemos claro el papel fundamental que juegan en Honduras», dice Fernández.
Días después de la reunión en la embajada, el trabajador social de la MA, Diego Aguilar, de 24 años, fue golpeado gravemente y recibió una descarga con un Táser por parte de las fuerzas de seguridad cuando disolvían un bloqueo de carretera en la población de San Juan Pueblo.
Dos semanas más tarde, otro líder de las protestas, Wilmer Paredes, murió tras ser tiroteado por unos hombres en un todoterreno cuando iba en moto al trabajo.
«Ha habido un número de acusaciones serias de posibles violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la atmósfera postelectoral. Animamos al gobierno de Honduras a permanecer fiel a su compromiso de investigar las acusaciones», ha señalado un portavoz de la embajada de Estados Unidos, aunque no comentarán acusaciones específicas.
EL PELIGRO DEL ACTIVISMO MEDIOAMBIENTAL
El gobierno del Partido Nacional, en poder desde el golpe de Estado militar de 2009, ha aprobado decenas de megaproyectos en el norte de Honduras destructivos desde un punto de vista medioambiental.
En los últimos meses, la atención ha virado hacia las comunidades rurales de Pajuiles, donde la población local está haciendo campaña contra la construcción de una presa hidroeléctrica a la que acusan de contaminar el suministro de agua.
En agosto de 2017, Martín Fernández y Óscar Martínez, líder de una comunidad local, fueron atacados por un grupo de hombres cerca del emplazamiento de la presa. No se han realizado detenciones en el caso, pero los fiscales han acusado a 14 miembros de la comunidad de «usurpación» y coacción.
Los cargos contra cuatro de ellos fueron desestimados, pero el caso contra los 10 restantes se ha retrasado durante meses después de que la jueza asignada resultara ser la hermana del alcalde que aprobó la construcción de la presa.
«Estamos luchando contra un modelo económico que mata a nuestra gente no sólo con balas, sino de hambre, al robarnos nuestros recursos naturales y vender nuestros servicios públicos. Nuestro trabajo antes y después del fraude electoral nos pone en la primera línea de estas amenazas de gravedad», dice Víctor Hernández, que también representa a la familia de la líder indígena asesinada Berta Cáceres.