Activistas de la Red Nacional de Derechos Humanos y del Consejo Nacional para la Defensa del Derecho Humano a la Salud acudieron ayer al Ministerio Público (MP) para solicitar que se investigue si el asesinato del doctor Jesús Reyes, médico especialista del hospital J.M. de Los Ríos y la agresión cometida a Juan Amaiz, médico cardiólogo del Hospital Universitario de Caracas, obedecen a supuestos planes desestabilizadores ejecutados por presuntos paramilitares.
En una rueda de prensa ofrecida a las puertas del Ministerio Público, en la avenida México, Asdrúbal González pidio en nombre de esta organizaciones que no se desestime la posibilidad de que ambas agresiones estén relacionadas, por lo que solicitarían que se investiguen de manera conjunta.
“Consideramos que se podría estar generando una suerte de ataques selectivos con la intención de producir conmoción en la población”, alego González. Desde su perspectiva, destacó presuntas similitudes entre los sucesos.
SIMILITUDES
Con base en información extraoficial, González manifestó cierto recelo al hecho de que los presuntos ataques se realizaran en menos de 24 horas, en las casas de la víctimas y, “de acuerdo con lo que dicen los medios de comunicación”, con supuestas armas blancas. “Es decir el mismo modus operandi”, sostuvo.
Otro punto analizado por las y los solicitantes y expuesto en el documento entregado al MP es el hecho de que las víctimas provengan de dos centros de salud emblemáticos, los cuales, “de alguna u otra forma, se vieron afectados durante las manifestaciones violentas de 2014”.
“Solicitamos que no se investiguen de manera aislada estos hechos punibles”, reiteró el vocero, quien además solicitó “que se analicen todos los posibles móviles que pudieran estar relacionados, ya que pudiéramos estar en presencia de actividades ejecutadas por grupos seleccionados para generar crímenes selectivos en algunos grupos de la sociedad civil”.
INTERESES OCULTOS
González sacó a colación “las declaraciones de personalidades del Estado relacionadas con la supuesta presencia en el país de organizaciones paramilitares. Asimismo, recordó que el 2015 es un año electoral por lo que, a su entender, “la opinión pública se encuentra sensible” a sucesos como los ocurridos el 19 y el 20 de este mes.
“Consideramos”, estimó González, “que detrás del discurso de hampa común expuesto en las manifestaciones realizadas a raíz de estas agresiones, hay mucha organización y la intención de paralizar de manera definitiva el sistema de salud sin esperar las declaraciones o el dictamen de los órganos respectivos de seguridad”.
De igual forma, los solicitantes reunidos frente a la Fiscalía, instaron al Ministerio del Poder Popular para la Salud y al de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a que ejecuten “un plan efectivo” que brinde seguridad y tranquilidad a las y los pacientes, así como a todo el personal de los centros de salud del país.