La intervención temporal del Gobierno Nacional en la urbanización La Abadía del municipio carabobeño San Diego, ocurrida el año pasado, permitió que los propietarios y la empresa MG Construcción reactivaran las obras para culminar el conjunto habitacional.
Yelitza Costa, copropietaria del urbanismo y miembro de la Junta de Ocupación Temporal, acotó que sin una decisión como la tomada por el Ejecutivo venezolano, y ejecutada con el acompañamiento del Indepabis regional y nacional, “era impensable resolver el problema de estas 480 familias”.
Costa relató que este fue un proyecto iniciado por el Instituto de Vivienda del estado Carabobo (IVEC), durante la administración de Luis Felipe Acosta Carlez junto a la constructora MG y Bancoro. “La entrega de este urbanismo estaba prevista para 2008. Hasta el año pasado no se había construido nada “.
“Al pedir explicación al constructor sobre la situación, pues teníamos un contrato de compra-venta ya firmado y muchos de los adquirientes habíamos dado además una inicial, no se obtuvo una respuesta satisfactoria en su momento”, refirió Costa.
Tampoco hubo respuesta del IVEC. “Ello, porque la institución pasó a la administración Salas Feo. Fue entonces cuando decidimos denunciar el caso ante el Indepabis, en agosto pasado”.
Colocaron ante el Indepabis unas 100 denuncias de varios propietarios, recordó Costa. “Posteriormente nos organizamos con el Indepabis, de la mano de Iramarú Herrera, coordinadora del organismo en la entidad, y de la presidenta nacional, Aura Rosa Hernández”.
Gracias a la actuación del instituto, el presidente Chávez tomó una medida de prohibición de enajenar y gravar sobre esta obra. También, una ocupación temporal. “Esa medida fue tomada en octubre, y seguimos trabajando con Indepabis”.
Luego, se concretó una reunión con los encargados de Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). Empezaron a investigar qué había pasado con este urbanismo, y se consiguió una falta de financiamiento de los entes involucrados. Es decir, de IVEC y de Bancoro (institución que fue intervenida).
Por ello, el constructor de la obra no obtuvo los recursos para culminar, aseveró Costa. “No obstante, después de la medida el constructor decidió ponerse a derecho y dar la cara. Empezó a trabajar con sus propios recursos y a aliarse con nosotros, con los voceros, para obtener un refinanciamiento en otros bancos. Todo esto supervisado por el Banavih y el Indepabis”.
Gracias a la gestión conjunta se logró concretar el refinanciamiento con el Banco del Tesoro. “Es una solución lograda por decisión del Gobierno, no por ningún otro ente. Y aquí tenemos un hecho concreto. Hay que confiar en las instituciones, y hay que denunciar para solucionar”, insistió.
RECHAZADOS POR LA GOBERNACIÓN
A juicio de Dubenso Manzanilla, también propietario de La Abadía, el cambio de gobernador trajo como consecuencia una negación de los compromisos adquiridos. “En el IVEC, con la nueva administración de Salas Feo, incluso nos dijeron que como había muchos militares allí, no nos podían completar los recursos”.
“Hasta llegaron a decirnos que podían ayudarnos si sacábamos a mucha gente para meter a otra que el IVEC pondría. Es decir, aplicaron la exclusión a estas familias que tanto esperaron por sus viviendas”, afirmó.
El IVEC tiene mucha responsabilidad financiera en este urbanismo, la que no cumplió. Aunque el Gobierno de Carabobo no lo dice abiertamente, la Gobernación pecó por indolente, recalcó Manzanilla.
Pese a ello, funcionarios de la administración carabobeña siguen diciendo, por otra parte, que ellos quieren continuar con el proyecto; pero ya han pasado tres años y no hay manifestación de querer cumplir, reprochó Manzanilla.
Incluso, “al IVEC le hemos solicitado toda la documentación de este proyecto y nos dicen que no tienen ningún tipo de información”.
“Yo tengo dos niños y mi esposa. Ella trabaja y yo también, y vivimos en una casa de forma precaria, pues en los tiempos de lluvia se llena de agua. Los dueños de esta casa están esperando que nosotros desocupemos para derrumbarla”.
Cuando Manzanilla alquiló esa vivienda, era con el propósito de durar un tiempo corto para mudarse pronto al apartamento. “El esfuerzo fue doble, puesto que simultáneamente empezamos a pagar el alquiler y a cancelar las mensualidades del urbanismo. La intención era que, a fines de 2008, nos entregarían. Ya llegamos a esta fecha, y fue sólo por disposición del presidente Hugo Chávez que se agilizaron estas soluciones”.
CONSTRUCTOR A DERECHO
Martín Gómez, presidente de la empresa MG construcciones, aseguró que en su momento le dio la razón a los propietarios, pues estas viviendas fueron previstas a bajo costo para beneficio social. “Ellos mismos se dieron cuenta de que el IVEC no había bajado los recursos, en clara violación a los convenios previstos con la Gobernación de Carabobo”, expresó.
Estos apartamentos se iban a vender a 130 mil bolívares. “Son de 83 metros cuadrados. Gracias a Dios logramos ponernos de acuerdo y se va a lograr entregar los apartamientos”, destacó Gómez, quien espera entregarlos en noviembre próximo.
“Lo que cambia en esas instituciones, como el IVEC, son los directores y otros funcionarios, pero los convenios ya firmados siguen y deben cumplirse. Lo que ocurrió fue porque el IVEC mandó a cancelar estos inmuebles, no la constructora. Nosotros no quitamos inicial. Este terreno, incluso, es mío”, agregó.