El mapa estratégico en el Medio Oriente cambia con el acuerdo del G5+1 con la República Islámica de Irán, constituyendo un acercamiento con Occidente y un debilitamiento del peso del lobby israelí en la política exterior estadounidense.
La nación persa fue una ficha en la política exterior de Estados Unidos hasta la llegada de la Revolución Islámica en 1979, iniciándose un periodo de independencia de los centros hegemónicos del poder mundial.
El desarrollo industrial iraní, que ha dado continuidad a iniciativas iniciadas antes de la Revolución, como el sector automotor, ha representado una seria competencia para la producción y exportación occidental en áreas tan estratégicas como las turbinas para generación eléctrica.
Las sanciones han buscado frenar el empuje del país iraní, castigando principalmente a su sector energético, principal fuente de divisas, lo que ha terminado por fortalecer las bases estructurales de su poderío industrial y militar, capaz de competir con Occidente.
Junto a Venezuela, la nación persa es miembro fundador de la OPEP, y desde el inicio de las sanciones no ha podido cubrir la cuota asignada por la organización.
Los demás integrantes del grupo de países exportadores del hidrocarburo líquido deberán ajustar su producción para permitir el regreso de Irán hasta alcanzar los 4 millones de barriles diarios asignados.
La implementación a cabalidad del Acuerdo redundará en un fortalecimiento de su capacidad industrial, lo que es altamente positivo para Venezuela, socio estratégico de la nación persa.
La Administración resultante de las elecciones presidenciales en Estados Unidos tendrá en sus manos la no ratificación del acuerdo, sembrando incertidumbre en los avances actuales.
Las relaciones estratégicas con Irán son parte de la visión pluripolar que ha conducido las relaciones exteriores de la Revolución Bolivariana plasmadas en el IV Objetivo del plan de la patria.