Acusan al Gobierno mexicano de la muerte en 2011 de dos alumnos de la escuela de Ayotzinapa, caso que de haberse sancionado podría haber evitado la desaparición de 43 estudiantes del mismo centro.
Familiares y diversas ONG formularon el miércoles la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidieron «declare la admisibilidad de esta petición y responsabilice al Estado mexicano por la violación del derecho a la vida (…), al derecho a no ser sometido a torturas (…) y el derecho a las garantías judiciales».
«Si estos hechos hubieran sido diligentemente investigados, sancionados y medidas de no repetición implementadas, sin duda las fuerzas de seguridad se habrían detenido antes de disparar contra estudiantes de la misma escuela el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y quizá no se hubiera detonado la tragedia de esa noche con la desaparición de 43 estudiantes normalistas», reza el comunicado de la ONG Tlachinollan.
Fue el 12 de diciembre de 2011 cuando policías desalojaron de manera violenta una manifestación de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, situada en la homónima capital del convulso estado de Guerrero (sur) para exigir al gobernador oportunidades laborales y la reanudación de clases en su escuela, suspendidas desde un mes antes de la protesta.
Como consecuencia, dos estudiantes fueron ejecutados extrajudicialmente —Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino—, tres más fueron heridos por impactos de balas, y otro —Gerardo Torres Pérez— padeció torturas, señala la onegé Tlachinollan en un comunicado colgado en su página Web.
A juicio de Tlachinollan, si la CIDH acepta abrir investigaciones a este caso, contribuirá «con los cambios estructurales que el Estado mexicano necesita en cuanto a la labor de sus fuerzas del orden y el respeto por los derechos humanos en el país».
Cabe resaltar que varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI) han alertado de la grave crisis de derechos humanos que vive México. En este sentido, en octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recomendó al Gobierno relevar de las labores policiales de seguridad pública a los militares, acusados de distintas agresiones a civiles.
Trascurrido más de un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, los expertos de la CIDH que también investigan los hechos no han podido determinar qué pasó con los jóvenes. En el más reciente informe emitido este mes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH dio a conocer datos que cuestionan las primeras investigaciones sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
Concluyeron que, según fotografías satelitales, no hubo un incendio en el basurero de Cocula (estado de Guerrero, sur de México), donde según las autoridades, los estudiantes fueron incinerados.
Fuente y Foto/Hispantv