Los alcaldes de las ciudades de Estados Unidos advirtieron a Donald Trump que un endurecimiento de las políticas de inmigración interfiere con su manejo de las urbes.
Más de 250 alcaldes están reunidos en Miami Beach para fijar posiciones en torno a una serie de asuntos que van desde el cambio climático hasta el presupuesto nacional y los planes de salud. También analizan resoluciones que contrastarían con la campaña del gobierno de Trump para combatir la inmigración ilegal.
Los alcaldes acusaron un fuerte golpe en enero, cuando Trump ordenó reducir los fondos federales a toda jurisdicción que se niegue a colaborar de alguna forma con los agentes del servicio de inmigración. La mayoría de las ciudades no acataron esa orden y un juez federal la bloqueó, al menos temporalmente, en abril.
“Algunos de nosotros nos enorgullecemos de ser santuarios, de proteger a los inmigrantes, y me parece que esta idea de que violamos alguna norma es una gran farsa”, afirmó el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti.
Garcetti dijo que lo único que les pide a los funcionarios del servicio de inmigración es que se manejen de una manera “legal, constitucional, con órdenes de jueces”. Aludía a la postura de las ciudades santuario de que debe haber una orden de un juez de por medio para que las autoridades locales entreguen a sospechosos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“Los agentes de la policía de Los Ángeles hacen entre 20 mil y 30 mil pedidos de órdenes judiciales en medio de la noche, cuando los jueces están probablemente en pijamas”, expresó Garcetti. “La noción de que el ICE no puede hacer lo mismo parece ridícula”, agregó, usando las siglas en inglés por las que se conoce al servicio de inmigración.
Los alcaldes de las ciudades grandes temen que una actitud dura hacia la inmigración ilegal devolverá a las comunidades de inmigrantes a las sombras y hará que no denuncien delitos ni cooperen con las autoridades. El jefe de la policía de Los Ángeles Charlie Beck dijo en marzo que habían disminuido las denuncias de violaciones y violencia doméstica entre los hispanos.
El condado de Miami-Dade, que incluye 34 municipalidades, entre ellas Miami Beach, acató la orden de Trump en enero y modificó sus políticas para que el sistema carcelario responda a los pedidos del ICE. Las autoridades han entregado a 124 personas al ICE desde el 27 de enero.
Alcaldes republicanos de estados como Indiana y la Florida se opusieron este fin de semana a la idea de perseguir a inmigrantes que no han cometido delitos por el solo hecho de estar en el país sin permiso.
Kent Guinn, alcalde de Ocala, Florida, dijo que, si bien se opone a despejar el camino para que los 11.5 millones de extranjeros que estarían en el país sin autorización se hagan ciudadanos, considera que la mayoría de los inmigrantes son “buenos”.
“No creo que la gente comprenda que hay algunas malas personas que tienen que irse”, expresó Guinn. Se casos como el de un individuo que estaba en el país ilegalmente y que fue liberado por la policía, que mató a tiros a una mujer en San Francisco, en un caso que a menudo menciona Trump al criticar a las ciudades santuario. “Pero la gente (inmigrantes sin papeles) con que nos topamos a diario son individuos trabajadores, que hacen lo que tienen que hacer para participar en la economía. Trabajan en criaderos de caballos, en restaurantes. Los vemos. Son buenas personas. No vamos a perseguirlos”.
El alcalde republicano de Carmel, Indiana, Jim Grainard, quien también va en contra de su partido en relación con el cambio climático, dice que se opone a la política inmigratoria de Trump.
“Castigar a las ciudades no tienen sentido”, sostuvo Brainard. “Todo aquél que ha venido a este país, sin importar si lo hizo ilegalmente, debería tener la oportunidad de regularizar su status y nosotros deberíamos enfocarnos en las cosas que van a ayudar a que nuestro país sea mejor”.
Además de oponerse a la orden de Trump sobre las ciudades santuario, varios alcaldes proponen extender el programa instituido por Barack Obama que deja en suspenso la deportación de inmigrantes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños. Trump dijo que acabaría con ese programa, pero todavía no lo ha suspendido.
El ICE dijo que detuvo a más de 41 mil personas por violaciones a las leyes de inmigración en los primeros 100 días del gobierno de Trump, lo que representa un aumento del 40% en relación con el mismo período de hace un año. Casi 11 mil no tenían antecedentes penales, más del doble de los inmigrantes sin antecedentes arrestados durante el mismo lapso en el 2016.