Aldemaro Barrios, integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad y coordinador del proyecto Memoria de la Insurgencia del Centro Nacional de Historia, afirmó que “existen manuales que explican procedimientos específicos para promover la desestabilización de la sociedad”. Sin embrago, “el pueblo está desinformado acerca de la utilización de estos métodos violentos”.
Barrios señaló que uno de estos documento es el manual HDT (High Value Target), en cuyo texto, explicó Barrios, se precisa “la necesidad de golpear primero el factor moral de la población objetivo; segundo, atacar el factor ideológico; y finalmente, recurrir a las operaciones físicas”, es decir, a la generación de acciones violencia.
En una conversación con el Correo del Orinoco, Barrios explicó que dichos manuales de uso de violencia fueron diseñados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y están disponibles en el portal web Wikileaks desde diciembre de 2014.
LA VIOLENCIA COMO OBJETIVO
“En uno de los segmentos del manual”, apuntó Barrios, “se indica que la generación de violencia es un objetivo a fin de crear un estado de incertidumbre en la población que sería aprovechado por factores políticos aparentemente democráticos”.
Al respecto, el vocero contó que en el año 2014 ocurrieron una serie de procesos violentos a escala nacional (guarimbas) generados por grupos opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Indicó que a partir de la gestación de estos factores de desestabilización comenzó una campaña para desprestigiar a Venezuela en el mundo, principalmente, mediante la suma de “medios de comunicación internacionales comprometidos políticamente con factores de oposición en el país”.
Otro ejemplo relacionado con este punto señalado por fue el asesinato del diputado Robert Serra y el del presidente del Concejo del Municipio Libertador, Eliézer Otaiza. Además, hizo referencia a “muertes medianamente públicas”, sobre las cueles no se pueden revelar datos debido que permanecen bajo investigación por parte de los órganos de seguridad del Estado.
“En Venezuela”, agregó, “en los últimos tiempos ha ocurrido lo que algunos especialistas definen como la aplicación de tortura social: la utilización de técnicas que son disgregadoras de la unidad social mediante la incertidumbre que buscan crear en la población la percepción permanente de un estado de violencia que genere dudas sobre la posibilidad de tener un paz de paz y tranquilidad”.
OTROS CASOS
Barrios indicó que según datos recabados en el proyecto Memoria de la Insurgencia, realizado en el Centro Nacional de Historia, en los meses de noviembre y diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo 2014 fueron asesinados escoltas de funcionarios públicos.
De acuerdo con el investigador, hechos de este tipo producen la agudización de la percepción de la inseguridad por parte de la población. Explicó: “Se genera todo un patrón de desinformación producto de una verdad fabricada por una acción inducida de violencia política”.
Agregó que, en este caso, se utiliza como detonante la muerte de un escolta por mes y luego se asesina a un dirigente de alta jerarquía, sea del chavismo o de la oposición, “se está enviando un mensaje; se está diciendo que aquí no hay seguridad, que este es un Estado forajido. Se aplican métodos explícitos en los manuales que fueron hechos públicos por Wikileaks”, insistió.
Para Barrios, es parte de las responsabilidades de las instituciones del Estado el investigar y comparar “las evidencias que significan estos actos violentos con un manual en el que se señalan estas directrices”. “Son ellas a las que les corresponde investigar la incidencia criminalística y recabar los aspectos probatorios que establezcan la conexión con estos documentos”.