Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. CARTA DE LA OEA; CAPÍTULO II, artículo 3. e)
Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen CARTA DE LA OEA CAPÍTULO IV, artículo 19.
Los extractos arriba mencionados forman parte de la Carta de la OEA vigente. Es evidente que no se están considerando para el caso de Venezuela, país para el que sí se buscan aplicar otras medidas. Veremos cuáles son estas medidas y por qué habría que desestimar su aplicación. También recordaremos que Venezuela no es el primer caso en el que los artículos mencionados no son tenidos en cuenta.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro acaba de convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente entre el 10 y el 20 de junio para discutir la “alteración del orden constitucional” y del “orden democrático” en Venezuela, invocando la Carta Democrática Interamericana. Este sería un primer paso para suspender a Venezuela del organismo hemisférico y lograr su aislamiento.
El representante de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, asegura que es el mismo país afectado el que debe invocar la aplicación de la Carta Democrática, tal como sucedió con Venezuela en el 2002 y Honduras en el 2009, situaciones en las que no había gobierno legítimo en el poder. Además, afirmó que no existe en Venezuela ninguna situación fáctica que encaje en los supuestos planteados en la Carta Democrática Interamericana, pues no consta una ruptura o alteración del orden constitucional en Venezuela[1].
A lo anterior, interesa agregar que la Carta Democrática interamericana establece que los puntos básicos que se deben considerar y apuntalar en los países miembro de la OEA son los siguientes: la democracia representativa; el crecimiento económico y el desarrollo social basados en la justicia; la lucha contra la pobreza; la educación; el respeto a los Derechos Humanos; el principio de no intervención[2]. Considerando el caso de Venezuela desde el primero gobierno de Hugo Chávez hasta la actualidad, puede decirse que:
Venezuela es una democracia representativa. Se han llevado a cabo numerosas instancias de participación por medio de las urnas para elegir representantes. Una de ellas ha sido la de diciembre de 2015, mediante la cual la oposición ha ganado una mayoría en la Asamblea Nacional. Y se ha respetado absolutamente ese resultado por parte del Ejecutivo.
Desde el primer gobierno de Hugo Chávez se vienen implementando diversos programas para luchar contra la pobreza buscando combinar la inclusión económica con la inclusión política de mayorías históricamente postergadas o invisibilizadas en el quehacer de gobiernos neoliberales anteriores. De hecho, desde 2014 el programa de la FAO orientado a la erradicación del hambre es llamado Hugo Chávez en reconocimiento a los avances en este sentido realizados en Venezuela[3].
Los derechos humanos sí se respetan en Venezuela. Los políticos que han sido privados de su libertad han sido juzgados siguiendo los pasos institucionales pertinentes y en el marco del Estado de Derecho venezolano, aunque parte de la comunidad internacional ponga en cuestión estos procedimientos. Lo mismo sucede con el proceso de solicitud de referéndum revocatorio, para el cual se están aplicando los plazos institucionales establecidos en la Constitución[4], aunque la oposición y la misma OEA denuncien que se está incurriendo en ilegalidades al respecto.
El modo en que opera la OEA, el decreto de Obama declarando a Venezuela como un peligro para la seguridad estadounidense, así como las visitas de políticos de derecha españoles y su apoyo a la oposición venezolana implican injerencia en asuntos internos. Desde 1889 se viene librando una importante lucha en el continente entre el Panamericanismo planteado desde Estados Unidos y el derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Esta injerencia opera como presión permanente contra el orden democrático venezolano y contribuye a su desestabilización, situación que según lo establecido en la Carta Democrática, debería ser evitada en lugar de ser apoyada por la OEA.
Realizadas las aclaraciones anteriores, observamos que las razones para invocar la “Carta Democrática” no derivan del “rompimiento institucional” (que además no existe) sino que obedecen a las reformas económicas y políticas llevadas adelante por la Revolución Bolivariana que incluso cumpliendo con los objetivos de dicha Carta (reducción de la pobreza, el analfabetismo, promoción de instancias de participación democrática, etc.), no se ajustan o contradicen las metas del orden neoliberal tal cual son planteadas por las instituciones financieras internacionales y los intereses del capital transnacional que tienen como principal aliado a la clase política y los tecnócratas que trabajan en pos de los intereses de las minorías privilegiadas.
Una de las primeras democracias cuestionada por la OEA fue la del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, a través de la Declaración de Caracas (marzo 1954). En aquella oportunidad el argumento fue que el gobierno Jacobo Arbenz se había constituido en cabeza de playa del comunismo en la región, lo que habilitaba una posible intervención para defender la democracia y la paz en el hemisferio. No había pruebas sobre el vínculo entre el gobierno guatemalteco con el bloque soviético y Arbenz había llegado al gobierno por medio de elecciones libres y democráticas. Las razones para que la OEA legitimara una posible intervención fueron, entre otras, la implementación de una Reforma Agraria y medidas para regulación de capitales extranjeros. Se trataba de un proyecto antiimperialista y nacionalista. El capítulo II, art. 3 y el Capítulo IV, art. 19 de la Carta de la OEA no fueron considerados. Guatemala fue invadida desde Honduras por mercenarios apoyados por gobiernos vecinos y Estados Unidos, concretándose el Operativo Éxito (PBSUCCES) para derrocar el gobierno de Arbenz y desarticular los avances de la Primavera Democrática (1945-1954)
Años después, en 1962 la OEA expulsó a Cuba debido al triunfo de la Revolución y su decidido avance hacia el socialismo. La revolución Cubana tuvo como banderas el antiimperialismo y el nacionalismo. Cuando Estados Unidos intentó revertir el proceso a través de la presión económica (reducción de la cuota azucarera) la isla se alineó al bloque soviético. Su expulsión de la OEA fue parte del cerco económico y político establecido como “castigo” por oponerse a las coordenadas económicas, políticas y de seguridad planteadas para el Hemisferio Occidental. En 2009 comenzó el proceso de reincorporación de Cuba a la OEA. En 2015, iniciando su gestión a la cabeza de la OEA, Luis Almagro tenía como meta lograr esta incorporación, destacando que el “obstáculo” es que Cuba debe aceptar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y firmar la Carta Democrática y en caso de hacerlo tendría que cambiar su sistema político[5]. Tampoco se consideran en este caso los contenidos del capítulo II, art. 3 y el Capítulo IV, art. 19 de la Carta de la OEA.
En su campaña como candidato a Secretario de la OEA, Almagro expresó la necesidad de “dejar atrás la OEA de la Guerra Fría”. Sin embargo, con esta invocación a la Carta Democrática no hace más que revivir las mencionadas experiencias acaecidas durante dicho período, además de reproducir la lógica del enfrentamiento bipolar: o Venezuela se alinea al orden neoliberal, o quedará aislada por cuestionar dicho orden.
En caso de llevarse a cabo la reunión extraordinaria convocada por Almagro, siguiendo la letra de la Carta, el objetivo es dar lugar a las “gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Considerando el previo accionar de la OEA, sería interesante que el organismo especifique qué entiende por “institucionalidad democrática” y por “no injerencia”. Los hechos muestran que hasta el momento sus “buenos oficios” han sido implementados contra la democracia venezolana, más que a favor de apuntalar su institucionalidad.