El expresidente colombiano Álvaro Uribe apoyó a los ex funcionarios de su Gobierno que buscan asilo en otros países por supuestas faltas de garantías en las investigaciones que cursan en su contra en Colombia.
En un comunicado de nueve puntos divulgado este miércoles, el ex mandatario sostiene que los otrora funcionarios carecen de garantías para ser juzgados en el país. A esto agrega que son objeto de una percusión que amenaza sus vidas.
“Hay imputaciones basadas en (testimonios de) testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales”, señala en el documento, según informó Prensa Latina.
Uribe, cuyo Gobierno (2002-2010) estuvo marcado por sonoros escándalos, dice que la justicia colombiana está sometida a la presión de los medios de comunicación, “que inexplicablemente la extorsionan con la pluma difamadora”.
El exgobernante también asegura que la Corte Suprema de Justicia se equivoca al creer que su Gobierno tenía intenciones criminales contra ese alto tribunal, entidad con la que sostuvo varios enfrentamientos públicos durante su mandato.
VERDAD Y ESPIONAJE
Uribe manifiesta que siempre pidió a los miembros de su administración que dijeran la verdad: “Algunos me han expresado que a pesar de haberla dicho no tienen garantías en la justicia; en casos de esta naturaleza he compartido y apoyado que busquen asilo», indica en la nota.
Sin mencionarlo expresamente, Uribe alude así al caso de la exdirectora de la policía secreta María del Pilar Hurtado, a quien Panamá otorgó asilo territorial, pese a ser investigada en su país por espionaje ilegal.
Hurtado es considerada pieza clave las pesquisas sobre el escándalo de espionaje que estalló alrededor del gobierno de Uribe. Cada nueva revelación acerca del caso involucra más a Uribe, quien es investigado por parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por.
Incluso algunos medios de comunicación locales recogieron versiones en torno a que Uribe recomendó a Hurtado que pidiera asilo y no se descarta su intervención ante el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para que este le fuera concedido.
El pasado martes se conoció que Costa Rica negó el asilo en octubre pasado al exministro Sabas Pretelt, quien dirigió la cartera de Interior y Justicia durante el Gobierno de Uribe. Pretelt fue destituido de manera retroactiva por la entrega de prebendas a congresistas para sacar adelante la enmienda constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006.
En tanto, en el comunicado el ex mandatario vuelve a negar su implicación en el escándalo de espionaje ilegal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), aunque todas las evidencias apuntan a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
Magistrados, políticos, ex funcionarios públicos, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales fueron objeto de vigilancia por el organismo de inteligencia, ente subordinado directamente a la Presidencia.
HONDURAS RECHAZÓ A URIBE
Sectores sociales de Honduras rechazaron la visita de Álvaro Uribe, quien el pasado martes arribó a Tegucigalpa, capital de la nación centroamericana, para recibir una condecoración en el Parlamento hondureño.
El ex mandatario colombiano recibió placa de oro por su “labor en favor de la democracia en Honduras”, país en el que se instaló un Gobierno de facto tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El Congreso hondureño entregó la orden Gran Cruz placa de oro a Uribe, sobre quien recaen diversas acusaciones por presunto espionaje a jueces, nexos con el narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.
El vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, manifestó que el pueblo hondureño repudia “la venida de Uribe al país porque es uno de los asesinos más grandes de la América Latina, después de Augusto Pinochet», reseñó Telesur.