El canciller de Argentina, Héctor Timerman, pidió a Uruguay que paralice la producción de la planta de celulosa UPM (ex Botnia), pues a su juicio, afecta la soberanía ambiental argentina, viola los tratados entre ambas naciones y la propia sentencia de la Corte de La Haya.
En este sentido, solicitó al Ejecutivo de José Mujica que «retrotraiga su decisión» y «vuelva a la mesa de diálogo».
Timerman rechazó durante una comparecencia ante los medios acompañado por el gobernador de la provincia de Entre Ríos, limítrofe con Uruguay, Sergio Urribarri, «la decisión unilateral de Uruguay» de autorizar el incremento de la producción de la planta.
En la comparecencia Timerman difundió además el informe que Argentina ha elaborado sobre la situación de las aguas en el río Uruguay a raíz del volcado de líquidos de la planta de celulosa UPM.
En ese sentido, y dado que Uruguay adoptó de forma unilateral la decisión de autorizar el aumento de la producción de la papelera, aseguró que Argentina «en forma unilateral se encuentra liberada de la obligación de anunciar en forma conjunta» los resultados de los análisis realizados en las aguas del río Uruguay.
El presidente uruguayo, José Mujica, anunció el pasado 2 de octubre su autorización para que la planta UPM, situada en la localidad uruguaya de Fray Bentos (oeste), frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú (sureste), incremente su producción en unas 100 mil toneladas anuales siempre que cumpla con una serie de requisitos en materia medioambiental.
Previo a este anuncio, Mujica y la presidenta argentina, Cristina Fernández, se habían reunido en Buenos Aires (capital argentina) junto al propio Timerman y el canciller uruguayo, Luis Almagro.
«En la reunión con el canciller Luis Almagro, la Argentina solicitó seguir dialogando y no caer en la lógica del enfrentamiento, pero Uruguay no respondió», dijo Timerman. El ministro aseveró que «Argentina lamenta que los intereses de la empresa se hayan convertido en tan poderosos que condicionan la relación con Uruguay».
Al hacer su anuncio ante la prensa, Mujica señaló que «la función de gobernar, a veces” obliga a tomar «decisiones dolorosas» ya que hay que «priorizar el interés nacional» pese a que eso pueda afectar «otros factores que también son importantes».
La instalación de esta planta en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas por el bloqueo que durante varios años realizaron vecinos de Gualeguaychú del puente hacia Fray Bentos, el principal entre ambos países, sobre el río Uruguay. Por este conflicto, Argentina había recurrido ya en 2006 a la Corte de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a Argentina sobre los detalles de la construcción.
El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta que para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.