El 29 de octubre de 1988 un grupo de policías y militares bajo el mando del Comando Específico José Antonio Páez (Cejap), cuyos jefes eran el general Humberto Camejo Arias, el coronel Enrique Vivas Quintero y el jefe nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco, realizaron la Operación Águila III en el Caño Las Coloradas cerca de la población El Amparo, municipio Páez del estado Apure, destinada a la lucha contra la subversión colombiana que incursionaba en territorio venezolano.
Lo que no determinaron los mencionados funcionarios era que dicha operación actuó contra un grupo de ciudadanos productores y pescadores de la población de El Amparo y asesinó a 14 de los 16 hombres que ese día realizarían una jornada de pesca en el caño Las Coloradas, confundiéndolos con guerrilleros colombianos.
El caso cobró relevancia porque dos de los 16 pescadores se salvaron de la emboscada lanzándose al agua y nadando hasta cobrar la orilla del Río Arauca internándose en el monte, para luego testimoniar los hechos abominables de una acción de exterminio que lejos de amparar a los pobladores de la zona los sometió a las políticas de terror que el entonces Estado venezolano aplicaba a la sociedad venezolana.
Lo inmediato posterior fue abrir una averiguación y pasar el caso a los tribunales militares para que se hiciera justicia ante un hecho a todas luces reñido con el Estado de derecho vigente entonces.
Sin embargo, los actores de dicha operación se declararon inocentes, argumentando que actuaron en legítima defensa, así el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dictó sentencia y declaró que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano y que los policías y militares actuaron defendiendo la soberanía del país. ,
Todo quedó para que la historia lo juzgara y hoy la Comisión por la Justicia y la Verdad tiene el caso pendiente y en revisión.