Con el objetivo firme de hacer justicia ante las violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos del llamado “Puntofijismo” (1958-1998), la Asamblea Nacional debatirá este martes en la plenaria la Ley Contra el Silencio y el Olvido, la cual figura como primer punto de la agenda legislativa.
El documento legal fue presentado por iniciativa de familiares y víctimas de la represión, tortura, desapariciones y asesinatos registrados en todo el país durante los 40 años del bipartidismo, cuando se alternaban en el poder el partido Acción Democrática (AD) y Copei.
El presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, será el encargado de hacer la ponencia durante la sesión legislativa, que de acuerdo con el diputado, el debate se hará en el contexto del aniversario 45 del asesinato del periodista Fabricio Ojeda, quien presidió la Junta Patriótica que logró el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.
Durante la presentación de la Ley, Soto Rojas va a hablar con la historia y con los hechos, en una jornada parlamentaria que contará con la presencia de los familiares de víctimas de la Cuarta República.
Antes de presentarse a primera discusión esta jornada, el proyecto de ley fue discutido en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
La Ley Contra el Silencio y el Olvido consta de cuatro capítulos y en el segundo establece la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia. En el tercer capítulo recoge los mecanismos de reparación e indemnización de las víctimas.
En su cuarto capítulo prevé lo concerniente a de las luchas populares venezolanas, así como la garantía del “Nunca Más”, para resaltar que el pueblo venezolano tiene derecho inalienable a conocer la verdad sobre los hechos de flagrante violación de derechos humanos cometidos por organismos de seguridad al servicio del Estado.
La Comisión de la Verdad y Justicia; identificará a los autores intelectuales, materiales, nacionales o extranjeros que cometieron violación de los derechos humanos; dar con el destino de todas las víctimas garantizando el rescate de sus restos, de su honor y dignidad y establecer mecanismos para la reparación e indemnización de las víctimas.