Los diputados de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) evaluaron este martes el Proyecto de Reforma de Ley Orgánica de Contraloría Social, instrumento legal que incorpora postulados para la lucha contra la corrupción y mecanismos para procurar el bienestar comunitario.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la comisión, parlamentario Juan Carlos Alemán, quien señaló que la modificación de la ley se basa en el control social para que el pueblo tenga la calidad de vida, alineado a los principios bolivarianos.
El parlamentario especificó que el proyecto de reforma cumplió los parámetros de consulta con la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público (MP) y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, a los fines de presentar el informe a la consideración de la comisión, elevarlo a la Secretaría de la Asamblea Nacional (AN) y, por último, llevarlo a la plenaria para su aprobación.
Sostuvo que entre los ajustes realizados al proyecto figura la propuesta de cambiar el nombre de títulos a capítulos y transferir bienes y competencias al Poder Popular con funciones compartidas, donde la acción privada no incida en los intereses comunales. Asimismo, se acordó dejar el nombre original de Ley Orgánica de Contraloría Social.
Por su parte, la presidenta de la Subcomisión del Poder Popular, diputada Gabriela Peña, responsable de llevar adelante la reforma de ley, precisó que han recogido aportes puntuales mediante de la mesa de trabajo con la CGR, el MP y la Procuraduría General de la República, donde se establecen los medios y mecanismos, a través de los cuales el pueblo organizado puede emitir las quejas a los órganos competentes que tienen la capacidad de tramitar las denuncias.
En cuanto a la petición de los movimientos sociales de resguardar la integridad física y proteger la identidad de los denunciantes, acotó que esperan por la aprobación del proyecto de reforma a efectos de ajustar todos los elementos para dar cumplimiento al estamento jurídico.
Peña indicó que el artículo 18 de la ley establece que el Estado, a través de todos sus órganos o entes con competencia en control social, están en el deber de diseñar e implementar acciones dirigidas a la formación, educación y fomento de la contraloría social, orientados a crear conciencia en la ciudadanía para la vigilancia y control de la gestión popular y privada.
Por último, el diputado William Montaño sugirió que en la propuesta legislativa se contemple la formación ciudadana como un aspecto transversal en la exposición de motivos, por el carácter político e ideológico dirigido a concretar el objetivo para transformar la sociedad y construir un nuevo sistema de relaciones humanas.