La Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, permitió en su momento al Gobierno Nacional modificar la condición de tercerizados de más 12.000 trabajadoras y trabajadores de la Costa Oriental de Lago de Maracaibo.
El planteamiento lo hizo ayer el diputado del Bloque Parlamentario de la Patria, Asdrúbal Chávez, en la Asamblea Nacional (AN), en respuesta a la aprobación por parte de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la primera discusión del Proyecto de Reforma del mencionado instrumento legal, a cargo del diputado opositor Elías Mata.
Chávez agregó que dicha ley fue muy significativa porque permitió dignificar a los trabajadores y garantizarles todos sus beneficios laborales. “En el planteamiento que se nos hace de llevar a adelante una revisión de esta ley, consideramos que toda ley es perfectible. Hay en la ley algunos elementos que es importante que profundicemos. Por ahora nos reservamos el apoyo porque queremos conocer la reforma en mayor profundidad”, argumentó.
Precisó que en total son 143 empresas, para cuya adquisición el Estado venezolano dispuso un equipo negociador para efectuar una evaluación justa y razonable del costo de la empresa, “se logró acuerdo con siete, se les ha cancelado. Hay 17 empresas que están parcialmente canceladas. Con las otras no se ha podido avanzar porque el Estado no ha podido auditar completamente los equipos de esas empresas”.
El diputado opositor Mata, alegó en su presentación que el objetivo de dicha reforma es garantizar la activación de la economía de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, ya que permitirá que las empresas privadas vuelvan a prestar sus servicios, con cuya reactivación se podrá aumentar la producción petrolera.
“ABSOLUTA SOLIDARIDAD”
Por otra parte, el Bloque Parlamentario de la Patria rechazó la aprobación de un proyecto de acuerdo presentado por la parlamentaria de la MUD, Delsa Solórzano, sobre la presunta violación de Derechos Humanos y Abuso de Poder por Acciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
Durante el debate se le dio el derecho de palabra a tres presuntas víctimas de las OLP, quienes denunciaron que habían perdido sus hijos a manos de funcionarios policiales.
El diputado revolucionario Edwin Rojas, expresó que la bancada de la patria se solidarizaba con las personas afectadas, “cualquier mala praxis de un funcionario debe ser condenado y enjuiciado. Hay que respetar no solo a la víctima que fue asesinado en un procedimiento mal hecho por algún cuerpo policial, sino también a sus familiares y no hacer de ellos un trofeo para sacar provecho político”.
Recordó que el Presidente Nicolás Maduro reconoció que hay elementos que deben ser corregidos. En ese sentido, precisó que por cifras proporcionadas por el Ministerio Público, “hoy son más de 100 los funcionarios policiales y militares, procesados y sancionados por el uso excesivo de la fuerza en procesos policiales”.
Pero también resaltó que por una medición de la empresa Hinterlaces el 85% de los venezolanos aprueba la OLP como mecanismo de seguridad ciudadana.