El instrumento jurídico tiene entre sus objetivos enfrentar y derrotar las agresiones, medidas unilaterales, sanciones en el ámbito financiero, así como el bloqueo económico impulsado por el imperio norteamericano
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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó ayer por unanimidad la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, presentado por el presidente Nicolás Maduro.
Esta ley tiene entre sus objetivos enfrentar y derrotar las agresiones, medidas unilaterales, sanciones en el ámbito financiero, así como el bloqueo económico impulsado por el imperio norteamericano.
Durante el debate para la aprobación de este instrumento jurídico, efectuado en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, sostuvo que el órgano plenipotenciario tiene la potestad y el derecho de dotar al presidente de la República, Nicolás Maduro, de una medida jurídica para defender al pueblo venezolano de las amenazas externas.
En ese sentido afirmó: “Tenemos derecho de adoptar al Presidente para que defienda a los venezolanos de las amenazas del Gobierno de Estados Unidos” para hacer frente a las medidas coercitivas unilaterales y punitivas.
Apuntó que el presidente Maduro ha pedido apoyo y la “soberanísima ANC tiene la potestad de apoyarlo”. Recordó que la oposición venezolana promovió las sanciones y sus dirigentes alegan que solo tenían carácter particular, pero son “para todo el pueblo de Venezuela”.
Respecto al debate, el constituyente informó que el proyecto de ley tiene un capítulo compuesto por 16 artículos.
RECUPERAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA NACIONAL
El debate se inició con la intervención del presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, Hermann Escarrá, quien subrayó que este proyecto fue discutido por varios sectores de la economía y defensores de los derechos humanos durante cinco sesiones.
“Si esta Asamblea Nacional Constituyente, por unanimidad y aclamación, no le da confianza al presidente de la República Nicolás Maduro en la aprobación de esta ley, el mensaje que estaríamos dando no es solo de cobardía, sino de traición grave a la Revolución Bolivariana”, advirtió Escarrá, quien explicó que la citada ley tiene el objetivo de restablecer el sistema económico afectado por el despojo de activos de la nación en el exterior y por las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos.
El experto agregó: “Se trata de fortalecer la actuación del poder del Estado frente a las medidas restrictivas. Esto es, superar obstáculos que pudieran generarse frente a determinadas situaciones que afectan al patrimonio venezolano o a los actos de despojo o inmovilización económica».
En tal sentido, indicó que la Ley Antibloqueo se basa en las facultades y procedimientos del Ejecutivo, en el equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones, señaló.
Explicó que parte de los objetivos es recuperar la infraestructura pública y la capacidad productiva nacional con la desaplicación de determinadas normas legales en casos muy específicos, con un control preventivo del Consejo de Estado.
«Ante la imposibilidad, producto de una norma o un procedimiento, hay potestad para desaplicar y poder avanzar en estas políticas y procedimientos que plantea este proyecto de ley”, apuntó.
La norma busca la estabilidad del sistema productivo y financiero, la aplicación de la inversión extranjera a gran escala y la sustitución selectiva de importaciones, además de los 16 motores productivos. Su contraprestación es la recuperación de la calidad de vida, sobre todo de los más débiles y vulnerables, el pueblo, destaca.
COORDINAR LOS PODERES PÚBLICOS
Escarrá recordó que Guaidó y su grupo político ha procurado hacerse con los bienes y activos del país en el exterior. Indicó que a causa de tal agresión el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley que coordinará la acción de todos los poderes públicos para defender la soberanía económica, el bienestar social y el derecho al desarrollo.
En tal sentido, manifestó que esta herramienta jurídica no es improvisada, fue evaluada y planificada para proteger los intereses patrimoniales de la República, lo que continuará con la nueva Asamblea Nacional (AN) que será elegida el 6 de diciembre.
Precisó que las medidas coercitivas unilaterales, así como las medidas restrictivas o punitivas contra la nación son delitos de lesa humanidad y “sin lugar a dudas esta ley está dirigida a la protección y favorecimiento de los derechos humanos del pueblo».
La Ley Antibloqueo plantea, además, la recuperación del ahorro y mecanismos jurídicos varios para la protección del patrimonio nacional, revocar o impedir actos de inmovilización o pérdidas de control de activos, pasivos o pérdidas patrimoniales de la República.
Escarrá señala que se preservará el alcance y la razón de ser del artículo 303 de la Constitución, que otorga la totalidad de la acciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al Estado venezolano.
LA LEY SE INSTRUMENTARÁ CON LA CLASE OBRERA
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Jesús Farías, puntualizó que la Ley Antibloqueo no la aplicará «ni la Casa Blanca, ni la derecha. Será aprobada e instrumentada con la clase obrera del país, con los trabajadores, campesinos, con los revolucionarios de este país, con los que sienten la patria en lo más profundo. Vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias esta ley».
Farías sostuvo que el instrumento legal está dirigido a «resolver los grandes problemas de nuestro pueblo, y la ley lo establece claramente y a dónde está dirigido: salud, educación, todo lo relacionado a la inversión social, el tema tan dramático como el salario, el empleo a través de la producción».
El constituyente señaló que el Gobierno Bolivariano se conduce con una filosofía socialista, bajo el legado del comandante Hugo Chávez, «no solo tiene la disposición, sino que siempre lo ha hecho: gobernar para el pueblo y gobernar con el pueblo».
GENERAR CONDICIONES PARA LA INVERSIÓN
Farías señaló que con la Ley Antibloqueo se busca convocar a todos los actores económicos para generar las condiciones y garantías para que puedan invertir en Venezuela, «sin que sean golpeados de la manera más implacable por el bloqueo, en condiciones normales no se puede hacer, porque no estamos en condiciones normales».
“Están los trabajadores, las instalaciones productivas, está el Gobierno socialista, lo que hace falta es inversión, capital, tecnología”, precisó Farías, quien manifestó que para que país arranque “se necesita inversión, capital”. “Tenemos que buscar donde haya y eso no significa que vamos a entregar el poder, todo lo contrario, si no hacemos eso se pone en peligro el ejercicio del poder», añadió.
«Yo puedo distribuir y puedo generar bienestar en la medida en que tenga la riqueza en la mano, que tenga un ingreso, que pueda financiar esas políticas. Precisamente eso es lo que han quebrado los hampones que gobiernan en Washington, con la complicidad de la camarilla de ladrones que componen la derecha venezolana», afirmó el economista.
PUEBLO VENEZOLANO DEBE CONOCER LA LEY
Por su parte, la constituyente Rosa León, al referirse al capítulo III de la ley Antibloqueo, invitó al pueblo a conocer este instrumento legal.
Aseguró que gracias a la tecnología se discutió esta norma y se realizó un análisis comparativo de este instrumento en el ámbito internacional.
«La necesidad de utilizar este régimen transitorio de la reserva de la confidencialidad de la divulgación limitada de la información por conveniencia nacional. Nos conviene, es nuestro deber y además es nuestro derecho (…) para defender lo que le conviene a la patria», explicó.
Asimismo, sostuvo que todos los instrumentos jurídicos que el Gobierno estadounidense ha utilizado en contra de la patria serán registrados como parte del sistema de protección.
Leyó un extracto de la ley que señala la «prohibición del acceso y copia de información confidencial y reservada, medidas que establece la norma para el ámbito sancionatorio a los funcionarios».
«Estamos garantizándoles al Presidente, a la Revolución (…) un instrumento en defensa de la soberanía», y añadió que «fortalecerá las acciones del Gobierno Bolivariano en función de defensa de la patria». Defendió el articulado de la Ley Antibloqueo que otorga facultades y procedimientos al Ejecutivo en el equilibrio macroeconómico, comercial, de inversiones y protege la divulgación del uso de las reservas y el protocolo de responsabilidad de cada funcionario en la tarea de cada proceso.