Más de 40 denuncias por daños a instituciones públicas en el estado Lara, agresiones a dirigentes y simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como amenazas fueron consignadas ayer por los abogados de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales (Anros) ante la oficina de la Fiscalía Superior de Barquisimeto.
La abogada de Anros, Alicia Carrasco, asistió a la oficina del Ministerio Público (MP) en la entidad con algunas de las personas afectadas por los hechos violentos que protagonizaron grupos simpatizantes de la oposición en la entidad larense los días lunes 15 y martes 16, luego de que excandidato presidencial, Henrique Capriles, perdedor de los comicios del 14, hiciera un llamado a sus simpatizantes a tomar las calles.
“Desde el pasado sábado 20 hasta este martes el grupo de abogados que conformamos Anros atendimos y recabamos en la sede de la plaza Bolívar las denuncias presentadas por parte de las y los larenses simpatizantes del PSUV agredidas durante las manifestaciones públicas efectuadas en el estado, con el fin de prestarles apoyo moral y asesoría jurídica a las afectadas y los afectados”, explicó Carrasco.
Las denuncias las recibió el Fiscal Superior de Lara, William Guerrero, quien será el encargado de llevar los casos en esta semana.
DENUNCIAS
La abogada aseguro que entre las denuncia de actos vandálicos consignadas a las oficinas del Ministerio Público sobresalen los ataque y quemas de los Centros Diagnósticos Integrales en Lara (CDI) en los municipios Torres, Palavecino e Iribarren, así como la emisora de radio comunitaria Guachirongo 97.5 FM, ubicada en la carrera 16 con calle 41 en la ciudad crepuscular.
Además presentaron acusaciones por persecución contra dirigentes y simpatizantes del PSUV Lara, a quienes sufrieron agresiones en sus residencias.
El señor Teófilo Noguera, simpatizante del Gobierno, denunció que fue agredido junto a sus familiares por grupos antichavistas, que lanzaron objetos contundentes (piedras y botellas) contra su vivienda, ubicada en la Urbanización del Este, el pasado sábado 20.
“Además de arrojar piedras y botellas a mi residencia, donde se encontraban mi mamá y mis sobrinos (menores de edad), fui objeto de insultos por parte de un grupo de 15 personas, de las cuales varias de ellas son vecinos. Mi llamado es a la convivencia ciudadana y respeto”, indicó el caballero, de 49 años de edad.
RED DE DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
Por su parte, Ángel Sánchez, representante de la organización Red de Defensa de la Democracia en Lara, presentó ante el MP los daños ocasionados del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) ubicado en la avenida Los Abogados.
El vocero aseguró que durante los días 15 y 16 de abril personas no identificadas lanzaron piedras a la estructura “poniendo en peligro la vida de pacientes que se encontraban en consulta”.
“Para suerte no ocurrió nada lamentable en la sede del CDI, ya que los pacientes fueron resguardados por algunos efectivos de seguridad del estado y por los mismos médicos”, explicó Sánchez.
JUEZ RECTOR RECIBIÓ DOCUMENTO DE COLECTIVOS
El juez rector del estado Lara, César Reyes, recibió ayer un documento presentado por representantes de colectivos y movimientos sociales de estado Lara, informó la representante de Anros, María Liset Jiménez. Jiménez indicó que Reyes recibió a una comisión de voceros de diferentes colectivos, que hicieron entrega de un documento, el cual será presentado a la Defensoría de Pueblo de la entidad en los próximos días.
También describió que la actividad de toma pacífica se realizó de manera simbólica para apoyar las denuncias que se generaron en la entidad por parte de los representantes del oficialismo, que rechazan los actos de violencia por parte del sector oposición.
“El texto recibido por el Circuito Judicial contenía diferentes acusaciones relacionadas con las manifestación y actos violentos de la semana pasada, luego de conocerse los resultados electorales. Esta toma simbólica del Edificio Nacional, tiene como objetivo rechazar los hechos vandálicos de la semana pasada, y que a su vez sean atendidos los casos de agresiones y amenazas a los simpatizantes del PSUV”, comentó la abogada.