Las principales organizaciones sindicales del sistema financiero español anunciaron este lunes una huelga general el próximo 6 de febrero, en protesta por la ola de despidos en varios bancos rescatados por el Gobierno con dinero público.
El cese de labores en Bankia, Novagalicia Banco y Banco de Valencia estará precedido por movilizaciones el venidero miércoles en siete ciudades y una jornada de paros parciales en esas tres entidades nacionalizadas por el Estado, programada para el 30 de enero.
Las manifestaciones del día 23 se llevarán a cabo en Madrid, Barcelona, Valencia, Ávila, Segovia, Las Palmas y Logroño y a ellas están llamados, como ya ocurrió el pasado 9 de enero, todos los trabajadores del sector bancario.
En rueda de prensa, el secretario general de la federación bancaria de Comisiones Obreras, José María Martínez, criticó que los gestores de los citados bancos no están haciendo ningún esfuerzo para llegar a acuerdos en las negociaciones sobre la reducción de plantilla.
Martínez señaló que los gremios no tuvieron otra alternativa que recurrir a las protestas para intentar desbloquear las conversaciones sobre estos procesos de reestructuración.
Manifestó que la inyección de dinero público no debería servir para los despidos indiscriminados de los trabajadores. Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores, José Miguel Villa, denunció que una vez se lleven a cabo los ajustes previstos, el sistema financiero verá reducido en unos 50 mil el número de empleados.
Según Villa, los gestores están esperando a que se agote el tiempo de negociación para poner a las centrales obreras entre la espada y la pared.
La Unión Europea (UE) aprobó en noviembre de 2012 los planes de reestructuración del gobierno conservador de Mariano Rajoy para sanear su deteriorado sector bancario, con una alta exposición a los activos tóxicos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Entonces, la Comisión Europea (CE, Ejecutivo de la UE) desbloqueó el primer paquete de ayuda, de unos 37 mil millones de euros, destinado a capitalizar a BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia.
Dicha reorganización supondrá para las entidades una reducción de su volumen de activos del 60 por ciento de media, mientras su red de oficinas quedará rebajada a la mitad, precisó el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
Achicar su negocio un 60 por ciento las obligará a disminuir los sueldos, cerrar numerosas sucursales y a llevar a cabo despidos masivos.