El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, anunció este viernes una nueva serie de reformas estructurales para reducir el gasto público y responder a las demandas de sus acreedores internacionales.
Tras un fallo del Tribunal Constitucional del país, que anuló medidas presentadas antes por el Ejecutivo, el jefe de Gobierno informó ahora que la edad de jubilación plena pasará de 65 a 66 años y aumentarán de 35 a 40 las horas de trabajo semanales para los empleados estatales.
En un discurso a la nación, Passos Coelho comunicó que el número de funcionarios públicos (unos 580 mil) se reducirá en 30 mil, mientras las tareas de los ministerios se recortarán en 10%.
Las reformas incluyen el aumento de la contribución de los trabajadores a la seguridad, por la cual deberán pagar 2,25% de sus salarios, en lugar del 1,50% actual, y el año que viene habrá otro aumento del 0,25%.
A través de estas medidas de austeridad, Lisboa pretende lograr en el período de 2014 a 2016 una consolidación presupuestaria por el valor total de cuatro millones 700 mil euros.
El veto del Tribunal Constitucional portugués contra varios recortes en el presupuesto 2013 llevó al Gobierno conservador a buscar la forma de ahorrar adicionalmente unos mil 300 millones de euros este año.
No vamos a aumentar los impuestos para corregir el problema presupuestario derivado de la decisión del Tribunal Constitucional, aseguró Passos Coelho, para quien el camino debe pasar por la reducción estructural de los gastos públicos.
Al mismo tiempo, manifestó que dudar ahora supondría un golpe a la credibilidad ya reconquistada y afirmó que estas medidas buscan evitar un segundo plan de rescate financiero.
La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional otorgaron a Portugal en mayo de 2011 un préstamo de 78 mil millones de euros, a cambio del cual el país se comprometió a poner en marcha un exigente programa de ahorro y de reformas.
Estas nuevas medidas son necesarias para que la nación lusa reciba un nuevo tramo de ayuda de dos mil millones de euros de los miembros de esa troika.
Pero las políticas de austeridad han provocado en los últimos meses numerosas manifestaciones para reclamar su fin y la dimisión del Ejecutivo, mientras la aplicación de los rigurosos recortes y ajustes hasta el momento no dan señales de mejorar la situación.