La Asamblea Nacional aprobó una prórroga de 45 días a la Comisión Especial que investiga los ataques y daños patrimoniales ocasionados al país por miembros y directivos del periodo 2016-2021 del Parlamento.
El plazo lo solicitó el presidente del comisión, diputado José Brito, quien explicó que aún falta elementos de prueba que ayudarán a determinar las responsabilidades del caso.
Solicitó la comparecencia de varios ciudadanos y exdiputados como Juan Guaidó, Julio Borges, Henry Ramos Allup, José Guerra, Gustavo Marcano, Fernando Planchar, Manuel Rosales, Leopoldo López, entre otros.
Además, las ciudadanas Fabiana Rosales, Lilian Tintori, Diana D’agostino y otras, así como 37 supuestos diplomados y personalidades que usurparon funciones como José Ignacio Hernández y Javier Troconis.
Durante su discurso precisó que entre el 2016 y 2020 se produjeron unos 202 actos legislativos, todos destinados a subvertir el Estado de derecho, democrático y de justicia para debilitar las instituciones y el sistema económico venezolano.
“Las investigaciones presentadas ante este Parlamento están basadas en un estudio técnico, económico y político de los hechos ocurridos en contra del país por un grupo de parlamentarios que tenía una red tejida desde el 2016 para desestabilizar el país”, dijo Brito.
“No debemos sostener que los ataques contra la nación son sanciones. Son medidas coercitivas y violatorias del Derecho Internacional. Al renovar decretos, buscan prolongar el sufrimiento del pueblo”, destacó el diputado.
Brito, explicó que el anterior parlamento incurrió en diversos delitos contra el patrimonio público, la adquisición de materia primas e insumos para la atención de la población.
Describió que estas acciones emprendidas desde el parlamento mermó el 99 % de los ingresos del país y en términos globales, las estimaciones de pérdidas a la nación rondan los $194 mil millones.