En sesión ordinaria, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aprobaron este jueves el proyecto de acuerdo en respaldo a la implementación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de Derechos Humanos.
El proyecto fue presentado por el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, diputado Jesús Farías quien destacó que la propuesta busca abrir las compuertas y activar el crecimiento económico en función del bienestar de la población, “La ley Antibloqueo es la estrategia realista para recuperar el salario”, puntualizó.
“Le damos el respaldo en lo parlamentario y en lo político a través de nuestro debate a la Ley Antibloqueo que tiene una importancia enorme para el presente y el futuro de nuestro país”, indicó.
Añadió que el actual bloqueo imperial contra Venezuela significa una agresión genocida por sus efectos negativos en la población venezolana.
Por su parte, el diputado de oposición, Luis Eduardo Martínez manifestó su apoyo al proyecto de acuerdo en respaldo a la implementación de la Ley Constitucional Antibloqueo, “listos para votar positivamente el acuerdo”.
Martínez además expresó el rechazo rotundo a las órdenes ejecutivas del gobierno de EE.UU. contra Venezuela y abogó por la recuperación del salario de los trabajadores y el valor de las prestaciones sociales “que está en la Ley Antibloqueo”.
Esta ley tiene como propósito dotar al Estado venezolano de las capacidades institucionales y jurídicas y de las herramientas necesarias para enfrentar y superar la mayor agresión imperialista que se haya sufrido en la historia republicana del país.
De igual manera esta Ley Constitucional Antibloqueo tipifica los controles necesarios para apoyar al Ejecutivo Nacional en la materialización de los mecanismos que requiera la República para enfrentar el bloqueo.
Asimismo, señaló que esta ley permitirá adoptar las medidas urgentes y necesarias para salvaguardar o recuperar el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela frente a actos o amenazas de inmovilización despojo o pérdidas de control de activos pasivos e intereses patrimoniales de la República, o de sus entes por efecto de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas
Con la implementación de este instrumento jurídico se garantizará la protección de los activos internos y externos del país, el desarrollo de alianzas o asociaciones con sectores productivos y empresas dentro y fuera del territorio nacional, el fortalecimiento de sectores económicos o negocios en áreas estratégicas y la atracción de inversiones productivas a gran escala.