Durante el siglo XX se publicaron varios libros sobre el tema de la interrupción del embarazo en nuestro país. En 1979, se publicó el libro En Defensa del Aborto en Venezuela de Giovanna Mérola, maestra fundadora del feminismo de la segunda ola (años 70); en 1986, salió El Aborto: Aspectos Historiográficos, Legales, Éticos y Científicos de Sonia Sgambatti y también en 1986, el médico y profesor universitario Edilberto Pacheco publicó El aborto en Venezuela: problema de salud pública y expresión de la desigualdad social.
En 1981, en Maracaibo, la Federación Médica Venezolana, presidida por el doctor Rosendo Castellanos, propuso la despenalización del aborto en las siguientes situaciones: malformación congénita, cuando peligre la vida de la madre, por violación, por incesto, para ser incluido en la Ley de Ejercicio de la Medicina. Pero en el Congreso Nacional de la época esta propuesta de la Federación Médica Venezolana, proveniente de su Asamblea Anual, no contó con los votos necesarios para su aprobación.
Durante el inicio del proceso constituyente de la República Bolivariana de Venezuela las mujeres organizadas que fueron parte de la participación popular incluyeron el derecho a decidir sobre el propio cuerpo entre sus demandas. Se incorporaron a la nueva Constitución los derechos sexuales y reproductivos en el Artículo76, que garantiza el derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijos y la protección integral de la maternidad. Esta protección se indica de manera general desde la concepción, concepto que no tiene un significado biológico preciso. La CRBV no avala ni prohíbe el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de su embarazo.
Desde 2004, los colectivos feministas han realizado diferentes acciones para despenalizar la interrupción del embarazo, pero, no se ha logrado abrir un debate social sincero y sin cálculos políticos. En 2004, una comisión dirigida por el magistrado Alejandro Angulo Fontiveros despenalizaba el aborto terapéutico, eugenésico, por angustiosa necesidad social hasta la semana 12 del embarazo; y penalizaba el realizado sin consentimiento de la mujer o después de los tres meses de gestación.
En 2011, el Colectivo Faldas en Revolución creó la “Línea Aborto Información Segura”, para informar a las mujeres sobre el uso del misoprostol. A su vez, los datos que ha recogido esta organización muestran las características de las venezolanas que buscan detener su embarazo: 15% no tienen ingresos propios, 33% tienen dificultades económicas, 38% trabaja, 52% tienen entre 21 y 30 años, 40% ya son madres, 38% usaron anticonceptivos, 78% tienen entre tres y 10 semanas cuando acuden a la línea. Esta información permite romper con el mito de que son las adolescentes quienes acuden a esta opción.
La Araña Feminista ha presentado en 2010, 2011 y en los años siguientes, una propuesta para el Código Penal que despenaliza la interrupción intencional del embarazo hasta la 12 (doceava) semana de gestación, y hasta la 20 (veinteava) semana en los casos de violación, malformación fetal o peligro de la vida de la madre.
La interrupción del embarazo sigue siendo un tema tabú: cuando aparece suele despertar la agresión militante de quienes plantean la defensa confesional de la vida en abstracto, y ponen el derecho del no nacido por encima del derecho de las mujeres a su propio cuerpo.
Como sostiene Sor Teresa Forcades “…hay fariseísmo en invocar de forma rígida el respeto a la vida”, defendiendo una vida en potencia y sin respeto por la vida existente. No es cierto que un óvulo fecundado sea una persona. Mientras éste no sea viable fuera de ella, la decisión de abortar es indisociable de la autodeterminación de la madre, de su libertad personal.
Hay mucha hipocresía social en penalizar la no continuación de embarazos, pero deja solas y sin apoyo a las madres de carne y hueso. Proteger la maternidad, no significa maternidad obligatoria, significa crear condiciones para una maternidad libre, segura y feliz.