El Gobierno de Argentina anunció este lunes un paquete de medidas orientadas a proteger a las empresas privadas ante la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), entre las que destacó asumir el pago del 50% del salario de los trabajadores mediante un masivo desembolso equivalente a 1.621 millones de dólares.
Las medidas fueron publicadas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial y están contempladas en un nuevo Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, explicó que también se reducirán los aportes patronales (pago de impuestos al Estado por parte de las empresas), se aumentará el seguro de desempleo y se concederán créditos a tasa del 0% para los pequeños contribuyentes.
Las medidas están orientadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), trabajadores en relación de dependencia, informales, monotributistas (cotizados independientes) y familias.
«La preocupación central en el corto plazo es sostener empleo. Es necesario tener un paquete de ayuda, si no, en poco tiempo tendríamos un proceso de quiebra de empresas y ahí el daño es muy grande, porque se destruyen capacidades productivas que después cuesta mucho tiempo recuperar», sostuvo Kulfas durante una conferencia de prensa desde la Casa Rosada (sede de Gobierno).
El abono del 50% del salario de los trabajadores argentinos implicará un desembolso que hará el Estado por 107.000 millones de pesos (1.621 millones de dólares aproximadamente), que sumado a los vigentes programas de asistencia social suman un total de 850.000 millones de pesos (12.882 millones de dólares), un equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), detalló Kulfas.
Indicó que el pago de los salarios estará dirigido a ocho de cada diez trabajadores, y que dos de cada tres empresas ya se han inscrito en el programa de asistencia. Se estima que al menos 320.000 empresas se beneficien con las medidas.
El abono a los empleados tendrá un piso equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir, unos 16.875 pesos (255,7 dólares) y un máximo de dos salarios mínimos (511,5 dólares).
«Buscamos dar señales claras de evitar despidos, restringir suspensiones sólo a donde sea necesario, donde no se pueda trabajar más», manifestó el ministro, al tiempo que reafirmó que «el Estado estará presente para quien necesite ayuda».