• extracción de sus órganos o tejidos. En caso de no encontrarse registrada la voluntad del causante, el profesional a cargo del proceso de donación debe verificar la misma conforme lo determine la reglamentación.
  • Se permite que la autorización para la ablación en caso de menores la den los dos progenitores o sólo aquel que esté presente en el momento del fallecimiento del menor.
  • Se simplifican y optimizan los procesos que requieren intervención judicial.
  • Se simplifican y optimizan los procesos de diagnóstico de muerte y certificación del fallecimiento. Se seguirá el protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento del Incucai.
  • Se suma un capítulo dedicado a los medios de comunicación, para el abordaje responsable de los temas vinculados con donación y trasplante de órganos.

El proyecto fue impulsado por el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino y los padres de Justina Lo Cane y busca “desmitificar, simplificar y liberar a las familias de tomar una decisión en el momento trágico de la muerte de un ser querido”. Tras la muerte de Justina, la solidaridad que despertó su caso se transformó en un pedido público para que la gente se inscribiera en la lista de donantes, que era la única posibilidad en ese momento. La campaña Multiplicatex7, que empezó en los momentos más críticos, se replicó en cientos de mensajes. “No muchos saben que si se convierten en donantes pueden donar hasta siete órganos y, gracias a algunos tejidos, salvarle la vida hasta 9 personas”, explicó entonces Ezequiel, el papá de la nena.

En la sesión de ayer, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky (PRO), quien recordó que la campaña de donación de órganos que movilizó el caso de Justina “hizo crecer la cantidad de personas dispuestas a donar como nunca antes”. A su turno, la presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), dijo que la normativa cristaliza un “cambio de paradigma”. Por su parte, la titular de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), trajo a colación datos oficiales del Incucai que indican que en la actualidad hay 7738 personas en la lista de espera para trasplante de órganos, y advirtió que apenas el 6,41 por ciento de los argentinos son donantes.

Muchas diputadas, entre ellas Victoria Donda y Romina Del Plá, hicieron referencia a que se tratarían dos proyectos con nombre de mujer (el otro es el llamado ley Brisa) y que eran una oportunidad para subsanar un abandono del Estado (a las personas necesitadas de trasplantes en el caso de la ley Justina y a los huérfanos por femicidios en el caso de la ley Brisa).

FyF/Pagina12