En la dura pulseada que mantiene contra los litigantes fondos buitre y el juez norteamericano Thomas Griesa, Argentina ganó con firmeza una nueva ronda, pero prosigue el enfrentamiento con esos grupos especulativos.
Griesa impidió que el Citibank bajo ley argentina pagara a los acreedores de los canjes de 2005 y 2010, como hizo con el Banco de Nueva York, pero ante la advertencia del Gobierno de que le retiraría la licencia a la sucursal en Buenos Aires, el juez le autorizó a realizar los giros.
El magistrado sorprendió no solo al permitir al Citibank Argentina concretar el pago que vence el 31 de marzo, sino también autorizó el del próximo 30 de junio para evitar el siempre complejo proceso de la apelación con la cual amenazó esa casa bancaria.
En tres ocasiones anteriores Griesa emitió autorizaciones «por única vez», pero ante la nueva negativa el banco solicitó que se liberaran los giros para esta parte de la deuda, e informó que reclamaría ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.
El gobierno argentino llegó a amenazar entonces con quitarle la licencia al banco para operar en el país si no cumplía con la legislación argentina. Primero lo dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el viernes pasado fue la presidenta Cristina Fernández.
La mandataria lo dejó en claro: «Vamos a hacer respetar los derechos de los titulares de bonos que creyeron en los argentinos en 2005 y 2010. Y vamos a hacer que los bancos cumplan con la legislación argentina, porque así es en todos los países del mundo».
Ese viernes la Casa Rosada designó a un veedor ante el Citibank y ese mismo día Griesa dio la autorización, la cual anunció el domingo el Citibank.
El Ministerio de Economía criticó que el juez es un incongruente al servicio de los fondos buitre, y dejó en claro que seguirá de cerca el accionar del banco para garantizar que no se mueva un ápice de la ley argentina.
Pero el CitiGroup anunció que iniciará un proceso para dejar la custodia de los bonos en Argentina, lo cual responde a la presión de los fondos NML Capital y Aurelius, los dos principales requirentes que manifestaron satisfacción al igual que Griesa por esa decisión.
Sacando al Citibank Argentina del medio, los fondos buitre y el magistrado neoyorquino podrán ejercer más presión sobre el Ejecutivo argentino, aunque este abrió la posibilidad de que sus acreedores puedan cobrar en el Banco Central de la República.
Esa última posibilidad todavía no ha sido usada en toda su dimensión por los tenedores de bonos reestructurados pero es una opción a su favor.
Además de la exigencia de NML Capital y Aurelius que exigen el pago de más de mil 300 dólares por bonos que adquirieron de terceros a precios viles tras el estallido de la crisis financiera global en 2008, el Gobierno ahora también afronta la demanda de los denominados «me too» (a mi también).
Se trata de unos 500 pequeños y medianos bonistas, a los que el ministro Kicillof llamó los nuevos buitres, que de forma oportunista se adhirieron al dictamen de Griesa para demandar que se le pague al igual que exigen los dos principales litigantes, o sea al 600 por ciento del valor real de los bonos.
Esa nueva demanda representa un monto de unos cinco mil 300 millones de dólares, lo cual elevaría el total que exigen todos esos grupos especulativos a casi siete mil millones de dólares, una pesada carga adicional para Argentina que ha venido saldando su deuda con el 93 por ciento de sus acreedores.
Su ministro de Economía ha reiterado que el Ejecutivo tiene la disposición de saldar sus adeudos con todos los tenedores de bonos, incluidos los fondos buitre, para salvar al país de esas onerosas presiones, pero sobre la base de condiciones justas, equitativas y legales.
Inclusive, ha hecho ofertas a esos fondos, que representan al siete por ciento de todos los tenedores de bonos, nada descartables, pero el afán usurero de esos grupos es demasiado intenso, por lo que insistirán en esta pulseada.
Fuente/Prensa Latina
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